La discutible Sentencia de la Sala 3 del Tribunal Supremo de julio del 2026 (STS 900/2026) además de ideológicamente sesgada, tortuosa y confusa, es singular. No porque desestime el recurso de Izquierda Unida y la Confederación de Ecologistas contra el decreto del Gobierno, de clausura de la línea Aranjuez-Cuenca-Valencia; sino porque el Alto Tribunal desvela que no respalda las operaciones de desmantelamiento inmediato de la infraestructura (plan XCuenca) que comprende retirada de los raíles, levantamiento de la plataforma, adaptación al uso como “vía verde”, etc., que exigirán, en su caso, la elaboración de un plan y la aprobación de uno o varios proyectos.
Así que, es absolutamente falso proclamar que el fallo del Tribunal Supremo respalda el plan XCuenca que firmaron ADIF, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca. La Sentencia se limita a declarar que el decreto de clausura del tramo de la línea, de febrero del 2023, se realizó por el Gobierno respetando la ley y los procedimientos establecidos. Aunque siempre habrá políticos pusilánimes dispuestos a mentir, que manipulen el fallo del Supremo, conviertan la Sentencia en una burda consigna política y proclamen, impertérritos, que el Tribunal Supremo respalda el plan XCuenca.
¿Por qué el Tribunal Supremo no avala el plan XCuenca que incluye el desmantelamiento de la línea, el proyecto de una vía verde y otras actuaciones?
Porque Izquierda Unida y Ecologistas, en las alegaciones al recurso, pusieron de relieve que la línea Aranjuez-Cuenca-Valencia discurre en su globalidad y, especialmente su tramo Tarancón-Utiel, en las proximidades de 56 diferentes espacios de la Red Natura 2000, Zonas de Especial conservación y Zonas especiales de protección para las Aves; sin embargo, el decreto no se había sometido a la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Considerando esta vulneración de la ley, los recurrentes piden al Supremo que proceda a anular la clausura de la línea, que infringía la Directiva Europea de Hábitats y la Ley estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en las que se establece que “cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones”.
La Sala 3 del Tribunal Supremo, para eludir el grave incumplimiento de las leyes desvelado por Izquierda Unida y Ecologistas, recurre a un retorcido razonamiento. La treta consiste en distinguir entre el acuerdo de cierre y los eventuales planes o proyectos relacionados con el desmantelamiento de la línea. Esta distinción, para desmontar el recurso de Izquierda Unida y Ecologistas, es la que obliga a la Sala del Supremo a dar validez únicamente al acuerdo de clausura de la línea, en abstracto, sin desmantelamiento de infraestructura, retirada de los raíles, levantamiento de la plataforma, adaptación al uso como “vía verde” y etc., dejando fuera el plan XCuenca, porque limitando el fallo al cierre del tramo no es necesaria una evaluación de impacto ambiental.
A la vista de lo expuesto, hay que agradecer a Izquierda Unida y la Confederación de Ecologistas su excelente recurso contra el decreto de cierre del Gobierno. Su valor estriba en que ha puesto de relieve vulneraciones de las leyes perpetradas por el decreto, la parcialidad de la Sala a favor del Gobierno, el escaso fundamento del plan XCuenca que el Tribunal Supremo deja en el aire y, por último, facilita entablar nuevos recursos, aunque la Sentencia del Alto Tribunal ya propicia que se frenen planes y proyectos de desmantelamiento de la línea.
