La Confederación de Empresarios de Cuenca ha alertado sobre los graves sobrecostes que implicará para las empresas el nuevo proyecto de Real Decreto sobre Residuos Textiles y de Calzado, normativa que regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Según un reciente informe elaborado por CEPYME, las exigencias de esta legislación tienen profundas implicaciones económicas, burocráticas y espaciales que comprometen seriamente la supervivencia de la industria y, muy especialmente, del comercio minorista local.
Fuerte impacto económico y pérdida de empleo
El análisis, que compara el modelo con las experiencias de otros países europeos y proyecta su evolución hasta 2030, dibuja un escenario muy preocupante para el sector textil y de calzado:
Sobrecoste del sistema: El coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) se triplicaría en apenas cinco años, pasando de los 48,5 millones de euros actuales a más de 134 millones en 2030, y encareciendo la tonelada gestionada por encima de los 400 euros.
Riesgo para las pymes: Ante esta presión financiera, más de 11.000 pymes podrían verse abocadas al cierre, lo que implicaría la desaparición de hasta 21.000 empleos directos (un 15% del total sectorial).
Asfixia al pequeño comercio: El comercio minorista —compuesto en su inmensa mayoría por microempresas y pymes sin capacidad financiera para absorber estos gastos— sería el eslabón más perjudicado.
Exceso de burocracia sin retorno ambiental
Al margen del perjuicio estrictamente económico, la patronal advierte de que el nuevo marco regulatorio exige adaptar la infraestructura empresarial a unas condiciones inasumibles:
Obligaciones administrativas: El desarrollo organizativo necesario para cumplir la norma multiplicará por diez los costes burocráticos que había previsto inicialmente el Gobierno.
Exigencias de espacio: Los comercios tendrán que adaptar espacio físico en sus propias tiendas para gestionar la recuperación y depósito de estos residuos.
Freno a la innovación: Desde CEPYME denuncian que esta carga puramente burocrática y administrativa no aporta mejoras reales a la circularidad y sostenibilidad del sector, sino que desvía recursos económicos y humanos que las empresas podrían invertir en verdadera innovación.
Ante esta situación, CEOE CEPYME Cuenca subraya que la mayor parte del tejido textil no dispone de capacidad organizativa ni financiera para hacer frente a esta normativa, y demanda medidas urgentes que eviten el colapso del sector minorista.
