El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) destaca que esta figura brindará apoyo técnico especializado a los municipios más pequeños, sin restar competencias a la Administración.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha hecho oficial la publicación del Decreto 43/2026, una normativa clave que regula el régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras de la Administración regional. Este texto, nacido al amparo de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, ha contado con la participación activa y las propuestas técnicas de COSITAL Castilla-La Mancha.
El nuevo marco jurídico abre la puerta a que entidades especializadas actúen en ámbitos de alta complejidad técnica como el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, el turismo o la economía circular.
Un salvavidas técnico para el medio rural
Para COSITAL, la principal ventaja de este decreto es el refuerzo inmediato de la capacidad técnica de las administraciones públicas, con un impacto muy positivo en la España vaciada.
El presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, Rafael Santiago, ha valorado positivamente este avance: «Se trata de un régimen de colaboración público-privada en el que entidades especializadas podrán aportar apoyo técnico y ayudar a alcanzar las mejores soluciones posibles, especialmente en el medio rural, donde los ayuntamientos cuentan con menos medios».
Esta medida permitirá que consistorios con estructuras administrativas muy reducidas puedan acceder a recursos técnicos altamente especializados, agilizando procedimientos y mejorando la calidad de los expedientes locales.
Colaboración sin sustituir a la Administración Pública
Uno de los puntos en los que el Consejo ha puesto especial énfasis durante la elaboración de la norma es en delimitar claramente el papel de estas nuevas entidades. El decreto especifica que desarrollarán funciones de informe, certificación, verificación documental y asistencia técnica, pero bajo ninguna circunstancia ejercerán potestades públicas.
«Esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración», subraya Santiago. «Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos». Las competencias de control, supervisión y resolución final de los procedimientos seguirán recayendo íntegramente en la Administración pública.
Un siglo garantizando la seguridad jurídica
La aprobación de este decreto coincide con un momento histórico para el colectivo. En 2024 se conmemoró el centenario del Estatuto Municipal, norma que sentó las bases para la creación del actual cuerpo de habilitados nacionales.
Desde hace un siglo, los Secretarios, Interventores y Tesoreros actúan como garantes de la neutralidad, objetividad e independencia en las más de diez mil Entidades Locales de España. Como concluye Rafael Santiago frente a los nuevos retos normativos: «Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica».
