Alrededor de 70 trabajadores del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se han concentrado en la mañana de este 8 de julio en la Plaza de la Constitución para protestar por los impagos y el deterioro de los servicios públicos. La movilización, impulsada por el Comité de Empresa y la Junta de Personal, se produce tras la reunión mantenida en el día de ayer con la Corporación Municipal. En dicho encuentro, los responsables políticos comunicaron formalmente que no abonarán el complemento de productividad adeudado desde hace más de tres meses.

Deficiencias y falta de efectivos
Junto al reclamo puramente económico, los empleados públicos denuncian una escasez de personal que satura los distintos departamentos y merma la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Asimismo, la representación sindical alerta sobre el mal estado de los edificios e infraestructuras del consistorio, señalando que incumplen las condiciones óptimas de seguridad y salud laboral. Ante estas decisiones de la Corporación, los trabajadores aseguran que su paciencia se ha agotado y no descartan endurecer las medidas de protesta.
Tensiones laborales en el consistorio
Esta primera medida de fuerza materializa las advertencias lanzadas por la plantilla en las últimas semanas. A principios de este mes, Liberal de Castilla ya documentó el inicio de esta escalada cuando la asamblea de trabajadores del 30 de junio acordó iniciar movilizaciones. Las quejas sobre las instalaciones cobran especial relevancia tras conocerse recientemente el accidente de una empleada que resultó herida al desprenderse los azulejos de un aseo municipal por falta de mantenimiento.
La inestabilidad económica de la plantilla lleva meses marcando la agenda municipal. En el pasado mes de abril, las críticas se centraron en el retraso continuado para el abono íntegro de las nóminas de la Policía Local. La situación se agravó en mayo de 2026, cuando la oposición alertó sobre el riesgo de impago para el resto de los empleados debido a problemas de gestión presupuestaria. A esta falta de fondos se suma un largo historial de conflictos de consolidación, como la sentencia de octubre de 2024 que obligó al Ayuntamiento a estabilizar a las trabajadoras del Centro Integral tras 21 años ocupando puestos estructurales sin ser reconocidas formalmente.

