El senador del Partido Popular por Guadalajara, Lucas Castillo, ha denunciado hoy la “grave deriva” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de nacionalidad y política migratoria, tras la instrucción que modifica de facto la conocida como “Ley de Nietos” sin respaldo parlamentario, sin debate y sin transparencia.
Castillo ha recordado que tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007 como la Ley de Memoria Democrática de 2022 ya contemplaban supuestos para la nacionalización de descendientes de españoles, si bien el Partido Popular mostró entonces discrepancias con algunos aspectos. Sin embargo, ha subrayado que “lo que hoy está en cuestión es algo mucho más grave: el Gobierno ha decidido ampliar esos supuestos mediante una simple instrucción administrativa, de espaldas al Congreso y vulnerando el espíritu de la ley”.
El senador ha estructurado su crítica en tres grandes preocupaciones. En primer lugar, la inseguridad jurídica generada por una instrucción que “va más allá de lo aprobado”, ampliando los supuestos, el ámbito temporal (hasta el siglo XIX) y el alcance generacional (incluyendo bisnietos y tataranietos). “Se está multiplicando el número de beneficiarios por la puerta de atrás”, ha advertido.
En segundo lugar, Castillo ha denunciado la “falta de garantías” del procedimiento y por parte del Ejecutivo, que, así como de la arbitrariedad en la asignación de provincias a los nuevos nacionalizados. A ello se suma, ha señalado, la externalización de trámites a empresas vinculadas a polémicas recientes, lo que “no ofrece ninguna confianza a los ciudadanos”.
El tercer eje de preocupación es el impacto directo sobre el estado de bienestar. Castillo ha advertido de que España podría enfrentarse a un incremento de población de millones de personas en un corto periodo de tiempo, sumando esta medida a otras políticas migratorias del Gobierno. “Estamos hablando de cifras que pueden llevar a incorporar hasta 8 millones de personas adicionales al sistema público”, ha afirmado.
En este sentido, ha sido contundente: “Nuestro sistema público está colapsado, tensionados y al límite”. Castillo ha recordado que, pese al récord de recaudación fiscal en los últimos años, “los servicios no han mejorado, sino todo lo contrario”.
El senador ha defendido con claridad la posición del Partido Popular. “Apoyamos el vínculo de España con los descendientes de españoles, pero con rigor, garantías y evitando el fraude y el colapso del sistema”. Asimismo, ha señalado que la desconfianza generada en torno a este proceso “es consecuencia directa de la actuación del propio Gobierno, marcado por la opacidad y los escándalos”.
Por último, Castillo ha anunciado las medidas que impulsará el Partido Popular cuando llegue al Gobierno: la derogación de la actual Ley de Memoria Democrática y la aprobación de una nueva ley de nacionalidad “con requisitos exigentes, claros y homologables a los países de nuestro entorno”. Entre ellos, ha mencionado el conocimiento del idioma, de las instituciones y de los valores constitucionales como condiciones básicas.
“El acceso a la nacionalidad española es un honor y debe conllevar responsabilidad, integración y respeto a nuestro país. España merece seriedad, legalidad y transparencia. Y hoy, el Gobierno no está a la altura”, ha concluido.
