La provincia de Cuenca se sitúa a la cabeza de España en agilidad burocrática al resolver los expedientes de dependencia en una media de 62 días, un tiempo cinco veces inferior a los 320 días de la media nacional. Así lo ha confirmado este miércoles la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita a la localidad conquense de Carboneras de Guadazaón. Este hito responde a la estrategia autonómica de mantener una red pública fuerte en el medio rural, diseñada para garantizar la atención a los mayores cerca de sus familias y frenar la despoblación.
Inversión en Carboneras
Para consolidar este modelo de proximidad territorial, el Gobierno regional destinará más de 2,2 millones de euros a la residencia pública de mayores de Carboneras de Guadazaón. De esta partida presupuestaria, 298.707 euros servirán para reformar de manera integral la cocina, los vestuarios y la zona de instalaciones del edificio. El resto de los fondos, cerca de 1,9 millones, asegurará el funcionamiento diario del centro hasta septiembre de 2027. Estas instalaciones cuentan en la actualidad con 33 plazas ocupadas y forman parte de una red provincial que suma ya 45 residencias y más de 1.800 camas con financiación pública en Cuenca.
Evolución del sistema
La agilización de los trámites en la provincia es el resultado de una transformación progresiva del sistema de cuidados que hemos documentado en el archivo de Liberal de Castilla. Durante el último año, el seguimiento de la actualidad sociosanitaria en nuestra cabecera ha reflejado el esfuerzo continuo por fortalecer la atención rural frente al reto demográfico. Los datos confirman esta evolución, ya que el presupuesto autonómico destinado a la dependencia ha crecido un 86 por ciento desde 2015, permitiendo incorporar a más de 10.000 personas al sistema residencial con apoyo público durante la última década.
El equilibrio económico para sostener esta infraestructura sigue siendo el principal desafío. Castilla-La Mancha asume hoy una inversión anual de 695 millones de euros, de los cuales el Estado solo aporta el 27 por ciento, muy lejos de la corresponsabilidad compartida. Las recientes declaraciones del Ejecutivo central, que abren la puerta a igualar la financiación al 50 por ciento, permitirían dar viabilidad a largo plazo a una ley que cumple dos décadas y consolidar los recursos asistenciales en los municipios conquenses.
