El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará antes de que finalice el año el I Plan Forestal autonómico, una hoja de ruta con horizonte hasta 2036 diseñada para incrementar la producción maderera y garantizar la sostenibilidad del medio natural. La estrategia busca generar actividad económica directa en los 3,8 millones de hectáreas de monte de la región, una inmensa superficie que coincide casi en su totalidad con las zonas más afectadas por la despoblación.
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado que este nuevo modelo de gestión permitirá extraer unos 700.000 metros cúbicos de madera anuales de los 120.000 millones disponibles. Para asegurar la demanda, el Ejecutivo aplicará en las próximas semanas la ‘Guía para la construcción con madera’. Esta normativa hará obligatorio el uso de estructuras de madera en todos los nuevos proyectos de edificación de la administración autonómica, una exigencia que a medio plazo también se extenderá a los ayuntamientos de la región.
El anuncio se ha enmarcado en la celebración del 25 aniversario de FSC (Forest Stewardship Council) en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Actualmente, la comunidad autónoma cuenta con más de 230.000 hectáreas en montes de utilidad pública certificadas con este estándar internacional. De esta cifra, 190.698 hectáreas pertenecen a entidades locales y 47.607 a la Junta de Comunidades. Además, para agilizar las relaciones entre las empresas del sector y la administración, se creará la figura de las Entidades Colaboradoras, reduciendo así la carga burocrática.
La industrialización del monte como respuesta al reto demográfico
Repasando el archivo regional de Liberal de Castilla, el debate sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales ha sido una constante durante el último año en toda la geografía castellanomanchega. Las publicaciones recientes han hecho un seguimiento de cómo diversos ayuntamientos y propietarios particulares de la comunidad han ido sumando hectáreas al sello de certificación FSC, buscando una rentabilidad económica que ayude a fijar población en las áreas rurales.
La presentación de este I Plan Forestal conecta directamente con esa tendencia autonómica documentada. Al establecer la obligación de que la propia administración regional consuma madera en su obra pública, la Junta da respuesta a la demanda histórica del sector. La medida transforma la concepción tradicional del monte, pasando de la simple conservación a la creación de un motor industrial activo que busca revitalizar las zonas despobladas de Castilla-La Mancha.
