El Gobierno regional asesorará a partir de ahora las personas energéticamente vulnerables sobre consumo energético, dentro del Plan contra la Pobreza Energética, que han firmado hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.
La consejera de Bienestar Social ha destacado que “esta nueva forma de coordinación entre los servicios sociales de atención primaria y las oficinas de atención al consumidor son un punto más dentro del compromiso del Gobierno del presidente García-Page de dar una respuesta coordinada -desde lo sanitario y lo social- específicamente a las familias que se encuentran en una situación de exclusión social, las que más apoyo puedan necesitar desde todos los ámbitos del Gobierno de Castilla-La Mancha”.
Los objetivos del convenio son los de garantizar los derechos de los consumidores energéticamente vulnerables a través de la red de atención y asesoramiento en el ámbito de la protección a consumidores y usuarios; incorporar mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, contemplando una sección especializada en materia de vulnerabilidad y pobreza energética y realizar acciones informativas y educativas preventivas.
Más protagonismo a los ciudadanos
El consejero de Sanidad ha señalado que “trabajar en nuestra red de oficinas municipales de información al consumidor lo que le da es más cabida, más protagonismo a los ciudadanos para que tengan la capacidad de preguntar e incluso de denunciar, por asuntos relacionados con la pobreza energética”.
Jesús Fernández ha resaltado que durante 2016, en las 87 oficinas municipales de atención al consumidor y las cinco direcciones provinciales se han producido 6.100 actos administrativos, 2.530 reclamaciones y denuncias, 3.569 consultas, en las que se ha dado respuesta a los ciudadanos que lo necesitaban. La Consejería de Sanidad también ha firmado recientemente un acuerdo con Iberdrola sobre regulación de consumo y en breve lo hará con Unión Fenosa y alguna otra compañía eléctrica.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha recordado que en 2016 el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el Plan contra la Pobreza Energética, que ha atendido a 32.351 personas en situación de pobreza severa en 2016, de los cuales el 48 por ciento, 15.593 han sido población infantil. Para ello se concedieron 8.500 ayudas económicas y 450 paralizaciones de corte de suministro o su reposición inmediata.
Procedimiento operativo
En cuanto al procedimiento operativo, los servicios sociales de atención primaria articularán las medidas relacionadas con la protección económica de los hogares en situación de pobreza severa, y la red de OMIC garantizarán la protección de los derechos de consumidores con la posibilidad de acudir a la resolución extrajudicial de conflictos en la materia. Se establece un mecanismo de derivación en ambos sentidos.
Se trata de una actuación que no va a suponer coste alguno ni para las arcas públicas ni para las personas usuarias: otra muestra más de la eficacia en la gestión del Gobierno regional. La firma de este protocolo representa una muestra del trabajo coordinado de los departamentos del Gobierno del presidente García-Page, pues este es el segundo protocolo de colaboración formalizado entre los ámbitos social y sanitario, que se añade al “Acuerdo Marco de colaboración entre las Consejerías de Bienestar Social, de Educación, Cultura y Deportes y de Sanidad”, de 12 de julio de 2016.
