La transparencia no se proclama. Se practica. Y quienes hemos estado en la oposición sabemos muy bien cuándo un gobierno cree de verdad en la transparencia y cuándo la utiliza solo como una palabra bonita para los discursos.
Yo lo viví en el Ayuntamiento de Guadalajara, durante el mandato de Alberto Rojo. Lo vemos ahora también en Azuqueca de Henares. Y lo vivo hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page.
Distintas instituciones, distintos cargos, pero una misma forma de entender el poder: cuanto menos tenga que explicar el gobierno, mejor.
Cuando Alberto Rojo era alcalde de Guadalajara, la oposición se encontró con enormes dificultades para acceder a la información municipal. No hablo de una impresión política ni de una queja sin fundamento. El Defensor del Pueblo llegó a pedir al Ayuntamiento que facilitara el acceso a la información a los concejales de la oposición. En la práctica, aquello significaba algo tan absurdo como tener que acudir a un ordenador concreto, en un horario concreto, para poder consultar documentación imprescindible para hacer nuestro trabajo. Aquello no era transparencia. Era poner obstáculos.
Y quien ha sufrido eso sabe perfectamente lo que significa: no poder fiscalizar con normalidad, no poder estudiar los expedientes con tiempo, no poder ejercer plenamente la función para la que te han elegido los ciudadanos. Porque la oposición no está para decorar las instituciones. Está para controlar al gobierno, pedir explicaciones y defender el interés general.
Tampoco es un hecho aislado. En Azuqueca de Henares, el Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento ha llegado a estar más de 72 días sin celebrar un Pleno ordinario. Y eso no es una cuestión menor. Un Pleno no es un trámite incómodo para el gobierno municipal: es el espacio donde se fiscaliza, se pregunta, se debate y se llevan los problemas reales de los vecinos.
Cuando un Ayuntamiento retrasa los plenos, limita el debate y reduce las oportunidades de control, está debilitando la normalidad democrática. La opacidad no siempre consiste en negar un documento. A veces consiste en no convocar, en retrasar, en dejar pasar el tiempo y en impedir que la oposición pueda hacer su trabajo con normalidad.
Hoy, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el problema tiene otra escala, pero responde a la misma lógica.
Según ha publicado Vozpópuli, un informe del Grupo Parlamentario Popular señala a Emiliano García-Page como el presidente autonómico más opaco de España por rehuir sesiones de control, debates y respuestas parlamentarias. El artículo explica que Castilla-La Mancha carece de un control directo periódico al presidente como sí existe en otras comunidades autónomas, y denuncia un funcionamiento parlamentario en el que los asuntos concretos acaban muchas veces diluidos en debates generales.
Ese es el núcleo del problema: Page nunca comparece de verdad. No se somete a un cara a cara ordinario con la oposición. No responde de manera directa sobre los grandes problemas de Castilla-La Mancha. Y cuando se plantean asuntos concretos, demasiadas veces terminan absorbidos en debates generales donde se pierde precisión, se diluye la responsabilidad y el Gobierno evita contestar exactamente aquello que se le pregunta.
Así se rebaja la calidad democrática sin necesidad de cerrar un Parlamento. Basta con vaciarlo por dentro.
Las Cortes siguen celebrando plenos. Se siguen registrando iniciativas. Hay debates, votaciones y titulares. Pero si el presidente no comparece, si las preguntas no tienen respuesta directa y si los temas concretos se convierten en debates amplios donde todo cabe y nada se concreta, el control parlamentario pierde fuerza.
Y eso no es una cuestión menor, porque una democracia no se mide solo por votar cada cuatro años. Se mide también por la incomodidad que el poder está dispuesto a soportar entre elección y elección. Se mide por las preguntas que responde, por los documentos que entrega, por los plenos que convoca, por las comparecencias que acepta y por el respeto que demuestra hacia quienes tienen la obligación de fiscalizarlo.
Rojo lo hizo en Guadalajara dificultando el acceso a la información municipal. En Azuqueca, la falta de plenos ordinarios ha evidenciado otra forma de opacidad: la parálisis institucional. Y Page lo hace en Castilla-La Mancha reduciendo al mínimo su exposición parlamentaria.
Uno desde el Ayuntamiento de Guadalajara, otro desde el Ayuntamiento de Azuqueca y otro desde el Gobierno regional. Pero el fondo es el mismo: una forma de gobernar que confunde la mayoría con impunidad política.
La mayoría absoluta no debería servir para esconderse. Debería obligar a más transparencia, más explicaciones y más respeto institucional. Porque quien tiene más poder tiene también más obligación de rendir cuentas.
Por eso conviene decirlo claro: el problema no es solo Page. El problema es una cultura política que habla constantemente de democracia, pero se incomoda cuando la oposición pregunta; que presume de transparencia, pero limita el acceso a la información; que invoca las instituciones, pero las utiliza para proteger al gobierno de turno.
Lo sufrí en la oposición municipal con Alberto Rojo. Lo vemos ahora en Azuqueca. Y lo sufro hoy en la oposición regional con Emiliano García-Page.
Y por eso sé que la opacidad no siempre se presenta dando un portazo. A veces se presenta con un reglamento, con una acumulación de debates, con una respuesta evasiva, con un expediente difícil de consultar, con un pleno que no se convoca o con un presidente que nunca comparece.
La transparencia no consiste en hablar mucho. Consiste en responder cuando toca.
Y Page, Rojo y quienes bloquean el control democrático tienen algo en común: demasiado miedo a dar explicaciones.
Opinión de Itziar Asenjo. Diputada autonómica del PP-CLM por Guadalajara
