La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, que agrupa a localidades de Cuenca y Guadalajara, ha anunciado el cierre definitivo de la batalla judicial del Tajo tras la última sentencia del Tribunal Supremo. El fallo desestima el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y determina que los caudales ecológicos del río son una restricción previa, obligatoria y superior a cualquier otro uso, incluido el propio trasvase. Ante esta resolución judicial, los representantes municipales exigen al Ministerio la modificación inmediata de las reglas de explotación.
La sentencia confirma que el trasvase queda completamente subordinado a las necesidades de la cuenca cedente y que los usuarios levantinos solo tienen derecho a operar con aguas excedentarias. El Alto Tribunal rechaza los argumentos históricos del lobby trasvasista y aclara que el caudal fijo de 6 metros cúbicos por segundo establecido en 1980 a su paso por Aranjuez es únicamente un mínimo legal, no un límite máximo. Borja Castro, presidente de la Asociación, ha denunciado que mantener las normas actuales permitirá derivar cerca de 750 hectómetros cúbicos al Segura este año mientras los embalses locales reducen su nivel en vísperas del verano, por lo que ha exigido convocar de urgencia la mesa de trabajo para dejar atrás las «excusas políticas» y cumplir la ley.
El fin del «piloto automático»
Este dictamen del Supremo supone la culminación legal a meses de movilizaciones y advertencias por parte de los municipios ribereños frente a la parálisis en la gestión hídrica estatal. La inacción en la actualización de las reglas de explotación ha provocado situaciones perjudiciales para las provincias castellanomanchegas, como la aprobación el pasado mes de marzo de un envío automático de 180 hectómetros cúbicos operado bajo una normativa desfasada. En aquel momento, la Asociación ya denunció que el sistema funcionaba con «piloto automático», vaciando la cabecera del Tajo en favor de un Levante que reconocía tener sus necesidades cubiertas.
Localidades ribereñas gravemente afectadas, como Sacedón, llevaban desde principios de año reclamando el fin de un modelo hídrico insostenible y exigiendo el cumplimiento de las resoluciones judiciales previas. Esta victoria definitiva de los pueblos de Cuenca y Guadalajara se suma al reciente rechazo del Supremo, el pasado mes de abril, frente al recurso de la Diputación de Alicante, cerrando así la vía judicial a la ofensiva política levantina y obligando al Ministerio a adaptar los envíos a la protección ambiental del río.
