El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Villar de Olalla ha presentado alegaciones a la ordenanza fiscal aprobada provisionalmente por el equipo de gobierno socialista para implantar el cobro de las actividades de conciliación en periodos no lectivos, tras detectar importantes carencias en su justificación legal, económica y social.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, David Valverde Recuenco ha explicado que estas alegaciones “no buscan eliminar el servicio ni perjudicar a las familias”, sino “garantizar que cualquier posible cobro se haga con todas las garantías, con transparencia y con criterios claros y justificados”.
Desde el Grupo Popular han recordado que ya votaron en contra de esta ordenanza durante su aprobación inicial en el Pleno municipal, al considerar que el expediente no justificaba adecuadamente ni la necesidad de implantar la tasa ni el modelo económico propuesto para el servicio. “Por eso, tras analizar en profundidad toda la documentación vinculada al Plan Corresponsables, consideramos que siguen existiendo dudas relevantes que el alcalde debe aclarar a todos los vecinos antes de implantar cualquier tipo de cobro”.
Entre ellas, Valverde ha señalado la falta de una justificación clara sobre la necesidad real de establecer una tasa, la ausencia de un estudio económico detallado del servicio, la escasa concreción de los criterios sociales que deberían aplicarse para proteger a las familias con menores recursos, así como la existencia de cobros realizados en ejercicios anteriores sin que hubiera una ordenanza fiscal aprobada que los regulase.
Precisamente, recordaban desde Grupo Popular, el pasado año ya se generó polémica en el municipio por los cobros realizados a familias participantes en actividades del Plan Corresponsables sin respaldo normativo suficiente. Una situación que, a juicio de Valverde, “no debería repetirse y debe aclararse con total transparencia” puesto que, según la documentación revisada, dichos cobros se habrían realizado a través de la empresa adjudicataria del servicio; circunstancia que refuerza, en opinión del PP, la necesidad de definir con claridad el marco legal y económico del servicio, así como las condiciones en las que se pretende repercutir un coste a las familias usuarias.
“Si se va a cobrar a las familias por un servicio de conciliación, lo mínimo es que esté perfectamente justificado, que se explique con claridad y que se haga respetando todas las garantías legales y sociales”, remarcaba Valverde.
Asimismo, el portavoz popular ha subrayado que el Plan Corresponsables tiene como objetivo principal facilitar la conciliación familiar y laboral, especialmente en municipios pequeños como Villar de Olalla, y ha insistido en que cualquier medida económica vinculada a este programa debe estar “suficientemente motivada, bien explicada y pensada siempre desde el interés de las familias”.
Finalmente, Valverde ha afirmado que el Grupo Popular seguirá defendiendo “una gestión responsable, transparente y sensata, que piense primero en las familias de Villar de Olalla y que garantice que los servicios públicos se prestan con seguridad jurídica y equidad”.
