Durante la presentación del plan de vivienda de Castilla-La Mancha, en vísperas de la conmemoración del día de Europa y de la capitulación de la Alemania nazi ante el ejército soviético en 1945, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, declaró que en el régimen soviético el Estado construía las viviendas y las daba a la ciudadanía por orden de lista. No es cierto que el criterio de reparto fuera la lista, pero es oportuna la afirmación de que en el régimen soviético hubo un plan para atender la necesidad vital de alojamiento de la población.
El plan de vivienda del régimen soviético quizás pretendía emular el modelo implantado por los socialistas en Viena después de la Primera Guerra mundial. En 1921, el ayuntamiento vienés logró edificar más de 25.000 viviendas, subvencionadas con los impuestos que gravaba a productos como las bebidas alcohólicas, los coches, los juegos de azar y las carreras de caballos. Desde entonces, Viena lleva más de un siglo convertida en la capital de la vivienda social europea.
Mediante una combinación de vivienda pública con el mercado, Viena ofrece alquileres indefinidos a precios bajos –menos del 30% de los ingresos- y de alta calidad, que evitan la especulación. Con más de doscientas treinta mil viviendas subvencionadas, la capital austríaca demuestra que contar con un parque de viviendas mediante la inversión pública es la fórmula más acertada para la regulación de los precios del mercado inmobiliario. Consigue ese objetivo invirtiendo hasta seiscientos millones de euros anuales, es decir, la ciudad de Viena invierte en el plan de vivienda de un año, cien millones más de lo que proyecta invertir en cuatro años (2026-2030) la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La población española opina que el acceso a la vivienda es una emergencia social. Para la mayoría de las personas jóvenes el derecho social a la vivienda no existe, solo el 14,8% se emancipa debido a que el coste de la vivienda media en alquiler asciende a más de 850 euros, mientras que una persona joven solo puede asumir en torno a 330 euros. La única alternativa viable para una de cada tres jóvenes es el alquiler compartido. En consecuencia, los presidentes de las comunidades autónomas deberían asumir sus competencias para responder a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la población. Es indispensable que las Comunidades Autónomas inviertan para que exista un parque de viviendas públicas de calidad que evite la especulación.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la competencia exclusiva de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Las distintas políticas de vivienda han consistido en regalar suelo público, ayudas sin control y ventajas urbanísticas para garantizar beneficios privados a las promotoras inmobiliarias. Si el presidente Emiliano García Page pretende, en serio, blindar el derecho social a la vivienda, sería bueno que en vez de regalar los terrenos públicos del ferrocarril (como proyecta hacer en Cuenca) promoviera una visita de trabajo al Ayuntamiento de Viena con un séquito de consejerías y ayuntamientos, para conocer el Plan de Viena, adaptarlo a la región y procurar que se implemente bajo sus auspicios en las ciudades de Castilla-La Mancha.
Opinión de Fernando Casas Mínguez.
