En este año 2026 conmemoramos el 20 aniversario de la Convención Internacional, un hecho histórico que supone un cambio de paradigma que se debe abordar como una cuestión de derechos humanos. El día 3 de mayo del año 2019 el Consejo de Ministros del Gobierno de España declara el Día Nacional.
Respecto a los derechos humanos decía Nelson Mandela: “Privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. El objetivo es generar conocimiento y provocar conciencia que conmueva y renueve el pensamiento ante las ideas preconcebidas que ponen en cuestión a las personas con discapacidad. Se trata de acercar a la sociedad la realidad que viven estos ciudadanos, visibilizar sus retos y dificultades, sensibilizar sobre las múltiples formas de discriminación, garantizar las oportunidades, el progreso y el desarrollo de todas las personas, planteando acciones idóneas y soluciones para conseguir mejores condiciones de vida.
La Convención nos da el marco ético y jurídico que guía nuestras acciones para seguir avanzando. Durante estas dos últimas décadas ha situado las personas con discapacidad como titulares de pleno derecho y ha contribuido a dar un gran impulso, transformación y protección de los derechos humanos, proporcionando mejor conocimiento social sobre la discapacidad para acabar con las barreras, los prejuicios y desigualdades, teniendo en cuenta que sin igualdad no existen oportunidades ni futuro. Sin duda, ahora la sociedad da más a las personas y reconoce la riqueza de la diversidad. Todas tienen su papel y su derecho en la sociedad, y hay que atenderlas con absoluta independencia de su utilidad social o económica.
No cabe duda de que la Convención ha cambiado muchas cosas gracias al trabajo conjunto de: Administraciones Publicas, Organismos Internacionales, Asociaciones de personas con discapacidad y empresas en colaboración con los ciudadanos. Ha impulsado cambios legislativos muy importantes, protección de la capacidad jurídica de las personas, la accesibilidad universal, educación inclusiva, atención sanitaria, igualdad de género, participación política y protección social. Pero no podemos obviar que vivimos en un contexto internacional que se caracteriza por una creciente inestabilidad marcada por las guerras y los conflictos y, ello conlleva una situación adversa y preocupante para las organizaciones y familias de personas con discapacidad que observan muchas dificultades económicas para su financiación.
Es necesario cambiar la mirada y poner el foco en las personas con discapacidad que viven en el medio rural y que enfrentan mayores desafíos, falta de servicios y oportunidades, que dificultan su vida y favorecen la exclusión.
Quiero romper una lanza a favor de mujeres y niñas con discapacidad que están en desventaja social y que soportan agresiones, discriminación, abuso, malos tratos, violencia de género, pobreza y exclusión. Sin duda muy vulnerables dentro de la sociedad. Por responsabilidad compartida hagamos todo lo posible para que ellas lleven una vida digna.
Ojalá que pronto veamos aprobado en el Congreso de los Diputados el proyecto sobre la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que refuerza derechos, aumenta prestaciones y reduce burocracia; un gran paso adelante.
Así mismo hay un deseo importante del Ministerio de Derechos Sociales, Organizaciones y ciudadanos que insta para que nuestra Constitución recoja y garantice todos los derechos sociales de los ciudadanos.
La Convención garantiza derechos a las personas con discapacidad y ayuda a afrontar nuevos retos. Seguiremos trabajando con compromiso para que se cumpla y para mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Por Isolina Martínez Pérez. Presidenta del Fórum de la Discapacidad de Cuenca.
