El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha informado esta mañana sobre la situación de la pasarela peatonal situada junto a la estación de tren, entre el camino viejo de Cabanillas y la antigua carretera de Marchamalo, una infraestructura de titularidad de ADIF que presenta un notable deterioro.
Tal y como ha explicado Esteban, el Ayuntamiento ya abordó esta cuestión en el pasado Pleno municipal y ha venido realizando distintos requerimientos a ADIF, acompañados de informes técnicos municipales que acreditan el mal estado de la pasarela y la necesidad de actuar de manera urgente para garantizar la seguridad de los peatones.
En este sentido, ha recordado que ya en 2024 el Ayuntamiento remitió a ADIF un informe técnico exhaustivo, concediéndole un plazo de cuatro meses para redactar el proyecto e iniciar las obras necesarias, requerimiento ante el cual ADIF respondió negando su titularidad y rechazando intervenir. La misma respuesta se ha producido en el actual trámite de audiencia previo iniciado por el Consistorio, a pesar de que existen antecedentes claros que demuestran que la pasarela es de ADIF.
“El Ayuntamiento tiene constancia de que esta infraestructura no figura en el inventario municipal, nunca ha sido cedida al Consistorio mediante acto formal alguno y se encuentra, además, en una unidad catastral cuyo titular es ADIF”, ha señalado Esteban, quien ha añadido que en 2017 ADIF ya ejecutó trabajos de reparación en la propia pasarela tras un requerimiento municipal, “por lo que no puede ir en contra de sus propios actos”.
Tras la presentación de alegaciones por parte de ADIF, los servicios jurídicos de Urbanismo han informado la desestimación de estas, por lo que el siguiente paso del Ayuntamiento será dictar una orden de ejecución, acompañada del correspondiente informe técnico y de valoración económica de las obras necesarias.
El concejal ha explicado que, una vez notificada dicha orden, ADIF dispondrá de un plazo para ejecutar las actuaciones requeridas y que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento de Guadalajara procederá a la ejecución subsidiaria de las obras, repercutiendo posteriormente el coste a ADIF, tal y como ya se hizo en su día con el viaducto de Aguas Vivas.
Esteban ha subrayado que esta pasarela tiene un uso peatonal habitual, ya que permite cruzar las vías del tren y conecta distintos barrios de la ciudad, por lo que resulta imprescindible que se encuentre en condiciones óptimas de seguridad. “Desde el Ayuntamiento somos vigilantes con todas las infraestructuras, sean municipales o de otras administraciones, y exigimos que se mantengan en perfecto estado”, ha afirmado.
Nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
A preguntas de los medios de comunicación, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, se ha referido también a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declara nula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara por una cuestión estrictamente procedimental, al no haberse aprobado previamente un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Esteban ha recordado que el Gobierno municipal, con la alcaldesa Ana Guarinos al frente, ya había anunciado semanas antes de conocerse la sentencia la aprobación de una nueva moratoria de la ZBE hasta el 31 de diciembre de 2027, así como el inicio de un nuevo procedimiento para la redacción de una ordenanza adaptada a la realidad de la ciudad.
En este sentido, ha subrayado que Guadalajara es una ciudad con niveles de contaminación muy bajos, en la que las estaciones de medición apenas registran superaciones de los umbrales de calidad del aire uno o dos días al año, por lo que “no tenía sentido aplicar restricciones permanentes y durante todo el año en el casco antiguo”.
La nueva ordenanza, ha explicado, será mucho más flexible y menos restrictiva, de manera que solo se activarán limitaciones de acceso cuando exista contaminación real, basándose en datos objetivos de las estaciones de medición. De este modo, se hará compatible el cumplimiento de la ley con la protección de los vecinos, del comercio, de la hostelería y de la actividad económica del casco histórico.
El concejal de Urbanismo ha señalado que la sentencia “viene a reforzar la posición del equipo de Gobierno”, que apuesta por aplicar el sentido común y por una ZBE ajustada a las características de Guadalajara, evitando que “paguen el pato” los residentes y los negocios de la ciudad. Asimismo, ha insistido en la necesidad de revisar la normativa estatal para que no se aplique de forma uniforme a ciudades con realidades medioambientales muy diferentes.
