En el inicio del último trimestre escolar, el sindicato ANPE ha exigido a la Consejería de Educación una regulación urgente para proteger a los profesores castellanomanchegos que acompañan a los alumnos en los viajes educativos y programas europeos. La organización denuncia que los docentes asumen la responsabilidad de los menores las 24 horas del día sin percibir compensación económica alguna ni reducciones en su carga lectiva. Esta carencia de respaldo administrativo y normativo genera una evidente inseguridad jurídica y una sobrecarga laboral que, advierten, la Administración autonómica no puede seguir ignorando.
Para dar solución a esta vulnerabilidad durante los desplazamientos escolares, la organización sindical ha planteado a Educación una batería de medidas inmediatas:
Establecer una retribución específica al considerar la vigilancia ininterrumpida como un servicio extraordinario.
Articular mecanismos de compensación mediante días de libre disposición o la reducción directa de la carga lectiva.
Garantizar asistencia legal e implantar seguros de responsabilidad civil que cubran tanto al profesorado como al alumnado.
Crear protocolos unificados y claros para saber cómo actuar ante posibles emergencias fuera del centro.
Incorporar personal de enfermería o de apoyo en las excursiones de mayor complejidad o con mucho volumen de estudiantes.
Asegurar que la participación docente sea totalmente voluntaria y sin presiones organizativas por parte de las direcciones.
Impartir formación específica en primeros auxilios, gestión de emergencias y responsabilidad legal.
Valorar la participación en estas actividades como mérito profesional real en los procesos de movilidad docente.
La extensión de la lucha sindical fuera de las aulas
Esta nueva petición se enmarca en la extensa trayectoria de reivindicaciones que ANPE ha mantenido durante el último año frente a la Junta de Comunidades, tal y como consta en la hemeroteca de Liberal de Castilla. El sindicato lleva meses reclamando a la Consejería de Educación una mejora estructural de las condiciones laborales de los docentes de la región, una lucha que hasta ahora se había concentrado en la reducción del horario lectivo y la exigencia de disminuir la asfixiante carga burocrática que soportan los claustros.
La exigencia de regular los viajes de fin de curso supone una evolución natural en esta defensa de los derechos laborales. El foco de las demandas sindicales se amplía ahora desde el interior de las aulas hacia el entorno de las actividades extraescolares, buscando subsanar un vacío legal histórico. Con la petición de abrir una nueva mesa de negociación específica para este tema, los representantes de los profesores intentan asentar un marco normativo definitivo que proteja legal y económicamente a quienes prolongan su jornada laboral asumiendo la custodia de los alumnos a cientos de kilómetros de sus casas.
