El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca llevará al próximo Pleno ordinario del mes de marzo un ruego para que el equipo de Gobierno socialista inste a la actual empresa concesionaria del transporte urbano a implementar, de manera inmediata, el sistema de pago mediante tarjeta bancaria y dispositivos móviles.
La presidenta del Grupo, Bea Jiménez, ha asegurado que es «incomprensible» que Cuenca siga siendo una excepción en el panorama nacional, manteniendo un servicio de pago en el autobús que no se adapta a la realidad digital de los usuarios.
Una respuesta tardía para una demanda necesaria
La iniciativa popular surge tras las recientes declaraciones de la primera teniente de alcalde, quien condicionó la llegada de esta tecnología a la futura licitación del servicio en el año 2027.
Para Bea Jiménez, esta postura es una muestra de «indiferencia» hacia los vecinos. «No podemos pedirle a los conquenses que esperen un año más para algo que es básico en cualquier ciudad del siglo XXI. Decir que habrá que esperar a 2027 es conformarse con un servicio deficiente y dar la espalda a la modernización», aseguraba la líder popular.
Jiménez ha hecho especial hincapié en el impacto negativo que esta carencia tiene sobre los sectores de población más jóvenes, como adolescentes y estudiantes, quienes utilizan, de forma casi exclusiva, medios de pago digitales. «Si queremos fomentar el uso del transporte público y crear hábitos de movilidad sostenible en las nuevas generaciones, no podemos ponerles trabas burocráticas o tecnológicas. Resulta incongruente que, en una sociedad donde el pago con el móvil es la norma, en Cuenca sigan dependiendo del efectivo para subir al autobús», señalaba la presidenta.
La también diputada nacional ha insistido en que la complejidad técnica o el coste de instalación no pueden ser una excusa en un sector donde la práctica totalidad de los municipios españoles ya han realizado esta transición con éxito.
Jiménez ha concluido señalando que la falta de referencia a la implantación del sistema en el contrato actual es «una oportunidad perdida» por parte del equipo de Gobierno de Dolz para presionar a la concesionaria y mejorar la calidad del transporte público de forma inmediata. «Esto demuestra que el alcalde no solo no está pendiente de las numerosas cláusulas que la empresa concesionaria está incumpliendo, sino que tampoco es capaz de exigirles las mejoras necesarias para el transporte de nuestra ciudad», aseguraba.
