La Comisión Ejecutiva Regional del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) ha aprobado este 25 de marzo, en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la distribución de los fondos del Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas (PEZRD) para el año 2026. De los más de 12,2 millones de euros asignados a toda la comunidad autónoma, la provincia de Cuenca recibirá 1.740.750,48 euros, lo que permitirá la contratación de 294 trabajadores, mientras que a Guadalajara le corresponderán 23.683,68 euros para dar empleo a 4 personas.
Este acuerdo, en el que han participado representantes del Gobierno de España, la Junta de Comunidades, sindicatos, organizaciones agrarias y la patronal, busca reducir el desempleo en el sector primario y fijar población en cerca de 300 ayuntamientos de la región. Los datos presentados en la reunión confirman que el paro agrario en Castilla-La Mancha ha caído más de un 62% desde 2018. Además, a través del SEPE, la inversión por persona desempleada agraria se ha triplicado, pasando de los 769,08 euros de 2018 a más de 2.600 euros en 2026, lo que permite a las entidades locales financiar los costes salariales y de Seguridad Social de las contrataciones.
Evolución del impacto en la provincia
Esta nueva inyección económica consolida la tendencia de apoyo al medio rural de los últimos años para el mantenimiento de la actividad y la mejora de los municipios. Según consta en el archivo de Liberal de Castilla, en la edición del plan del año 2023 la provincia de Cuenca contó con un presupuesto de 1.725.154 euros que permitió a 46 ayuntamientos dar trabajo a 330 peones agrícolas en paro durante un periodo de tres meses.
Al analizar la evolución de los fondos, se constata que la estrategia de empleo se ha ido adaptando a la actualización de las normativas laborales. Aunque la asignación total para Cuenca ha experimentado un ligero repunte en 2026, situándose en 1,74 millones de euros, el número de beneficiarios se ha ajustado de 330 a 294 trabajadores. Esta variación es la consecuencia directa de un mayor esfuerzo inversor por contrato para absorber las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, evidenciando que el programa evoluciona priorizando la financiación íntegra de empleos con mejores condiciones salariales para asentar población en el territorio.
