Hay momentos en los que uno descubre que el Estado posee un curioso talento para la literatura fantástica. No hablo de la épica, ni de la novela histórica, ni siquiera del realismo mágico latinoamericano. Hablo de un género administrativo muy particular: el relato unilateral con multa adjunta.
Hace unos días recibí una carta de la Subdelegación del Gobierno en Albacete (el nombre del subdelegado es D. Miguel Juan Espinosa Plaza).
Una misiva elegante, burocrática y con el tono solemne que adquieren los documentos cuando se creen dueños de la verdad absoluta.
Dentro venía la noticia: una multa de 300 euros. Así, sin anestesia, como quien envía una felicitación navideña con recargo.
El motivo era una queja presentada por una agente de la Policía Nacional. Y aquí empieza la verdadera novela.
Porque, según parece, la palabra de esta agente ha sido elevada al rango de dogma administrativo. Una especie de evangelio policial. Lo que ella escribió, aunque esté redactado con una ortografía que haría llorar a Antonio de Nebrija en su tumba, ha sido aceptado por la autoridad gubernativa como verdad revelada.
No se me pidió explicación alguna.
No se me solicitó testimonio.
No se me ofreció siquiera el modesto lujo de contar mi versión.
Nada.
En este procedimiento administrativo tan peculiar, la realidad parece construirse con un método sencillo: si lo escribe un agente, es verdad; si lo dice el ciudadano, es prescindible.
Y lo más extraordinario es que ni siquiera se trata de una denuncia clara, sólida y redactada con precisión jurídica. No. Se trata de un texto torpe, lleno de errores ortográficos y sintácticos que harían sonrojar a cualquier alumno de primaria con un mínimo sentido del idioma.
Uno podría pensar que, antes de sancionar a un ciudadano con dinero contante y sonante, alguien en la Delegación del Gobierno de España se tomaría la molestia de comprobar al menos dos cosas:
- Que los hechos descritos son reales.
- Que el ciudadano sancionado tiene algo que decir al respecto.
Pero parece que no.
El procedimiento ha sido más rápido, más cómodo y probablemente más burocráticamente elegante: aceptar sin discusión la versión policial y enviar la factura.
Y aquí es donde aparece el pequeño detalle que convierte todo esto en una tragicomedia.
La misma agente que se ha tomado la molestia de redactar un informe contra mí es la misma ante la cual yo presenté una denuncia previa por un robo. Un robo real, tangible, con ladrón incluido en el reparto de personajes.
Pues bien, hasta la fecha el ladrón sigue disfrutando de una libertad admirable, probablemente paseando tranquilamente por el mundo mientras el aparato administrativo ha encontrado algo mucho más urgente que hacer: multar al denunciante.
Confieso que la situación tiene un punto de ironía literaria que haría sonreír a Franz Kafka. En su universo narrativo el ciudadano se enfrenta a un sistema opaco, absurdo y profundamente convencido de su propia infalibilidad. Exactamente lo que ocurre cuando una administración sanciona sin escuchar.
No es que uno tenga especial vocación de rebelde institucional. Muy al contrario. Creo firmemente en el Estado de derecho, en las instituciones y en la necesidad de que exista autoridad pública. Una sociedad sin normas sería un circo sin domador.
Pero la autoridad, para ser legítima, necesita algo elemental: justicia procedimental.
Escuchar.
Contrastar.
Valorar.
Tres verbos sencillos que parecen haberse extraviado en algún cajón administrativo.
Porque lo que aquí se ha producido, en mi humilde opinión como ciudadano, no es una aplicación prudente de la ley. Es algo bastante más simple y bastante más preocupante: un acto de confianza ciega en una autoridad cuya versión ni siquiera ha sido sometida al más mínimo examen.
Y no hablamos de una cuestión simbólica.
Trescientos euros no son una metáfora.
Trescientos euros son dinero real.
Para la administración pueden ser una cifra estadística. Para un ciudadano son un pequeño golpe en el bolsillo y, sobre todo, en la dignidad.
Porque el verdadero problema no es la cantidad.
El problema es el principio.
Si mañana cualquier agente redacta un informe torpe, mal escrito y lleno de interpretaciones dudosas, ¿basta eso para que la administración sancione automáticamente a quien aparezca en el texto?
Si la respuesta es sí, entonces el concepto de defensa del ciudadano queda reducido a una curiosa formalidad posterior.
Primero se castiga.
Luego, si el castigado insiste mucho, se le permite intentar demostrar que quizá no merecía el castigo.
Es una inversión del sentido común que roza lo filosófico.
Imagino la escena administrativa con cierto humor involuntario.
Un funcionario abre el informe policial, lo lee entre ceja y ceja, detecta tres errores ortográficos, dos frases inconexas y una interpretación bastante creativa de los hechos… y aun así concluye:
“Perfecto. Multa de 300 euros.”
Ni Miguel de Cervantes habría imaginado un episodio tan quijotesco del poder administrativo.
Pero lo más inquietante de todo no es el error humano. Los errores ocurren. Somos una especie imperfecta.
Lo inquietante es la falta de curiosidad institucional.
Porque bastaba algo tan simple como una llamada, una audiencia o una solicitud de alegaciones antes de dictar la resolución.
Bastaba preguntar.
Pero preguntar implica escuchar, y escuchar implica admitir que la primera versión puede no ser la única.
Y eso, al parecer, resulta demasiado complejo para la maquinaria burocrática cuando la palabra policial se convierte en un pequeño oráculo.
Por todo ello, esta resolución administrativa tiene un aroma muy particular: el aroma de los tribunales.
No porque uno tenga vocación litigante.
Ni porque resulte especialmente agradable pasar horas entre papeles jurídicos.
Sino porque hay situaciones en las que el ciudadano descubre que el único lugar donde todavía se exige escuchar a las partes es precisamente allí: en la justicia.
Los jueces, al menos en teoría, tienen una manía saludable: quieren oír a todo el mundo antes de decidir.
Una costumbre antigua, casi romana, que los juristas resumían con una frase sencilla: audi alteram partem.
Escucha a la otra parte.
Algo que, por desgracia, no parece haber ocurrido en esta historia administrativa.
Por eso sospecho que esta multa no será el final del camino, sino apenas el primer capítulo.
Porque cuando una resolución administrativa se dicta con tanta prisa y con tan poca atención al testimonio del afectado, suele ocurrir algo muy simple: termina pidiendo tribunales.
Como el campo castellano pide lluvia.
Como el poeta pide silencio.
Como el agricultor espera que llegue, puntual y salvadora, el agua de mayo.
Y es probable que, tarde o temprano, ese agua llegue también a este expediente.
Por Franscisco R. Breijo-Márquez
