El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) ha comenzado este martes 17 de marzo a tomar declaración a cinco peritos científicos y técnicos por la demanda contra el Plan de Singular Interés (PLSI) del Parque Empresarial de Los Palancares, en Cuenca. La acción judicial, impulsada por Ecologistas en Acción contra el Consejo de Gobierno autonómico y la Diputación provincial, persigue paralizar el proyecto por su impacto ambiental. El polígono industrial está proyectado a 456 metros de la microrreserva «Complejo Lagunar del río Moscas» —hábitat de la loina, un pez en peligro de extinción— y a 277 metros de la ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca. Durante la tramitación, la administración priorizó esta ubicación frente a otras tres alternativas más cercanas a la ciudad y con menor riesgo ecológico planteadas por el equipo redactor de TRAGSATEC.
La construcción del parque también ha levantado las alertas entre los trabajadores de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cuenca. El colectivo sindical advierte que las cinco plantas de gas e hidrocarburos previstas en el recinto colindarán con su nueva base, comprometiendo la calidad del aire. Los bomberos forestales denuncian que las emisiones industriales, agravadas por las inversiones térmicas habituales en la zona, generarán un entorno insalubre incompatible con sus exigentes entrenamientos físicos. Las vistas orales en la Sala de lo Contencioso-Administrativo continuarán el próximo 24 de marzo con el testimonio de otras siete personas vinculadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible.
De la planta de purines a la opacidad de los hidrocarburos
La intervención judicial responde a una tramitación institucional marcada por los giros de guion y la polémica. Tal y como documentó Liberal de Castilla en febrero de este mismo año, el proyecto ha mutado de manera silenciosa: el plan original anunciado en 2023, que contemplaba una planta de biogás e hidrógeno, ha sido sustituido por el actual proyecto de cinco plantas piloto de gas e hidrocarburos sin la debida transparencia pública. Ecologistas en Acción ya denunció formalmente esta opacidad de la Diputación de Cuenca, solicitando una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria y alertando de que las nuevas instalaciones rozarían el perímetro de la microrreserva natural sin un solo metro de separación.
Carlos Villeta, portavoz de la organización ecologista, advirtió en el archivo histórico de este medio sobre los graves errores en los documentos ambientales aportados por el promotor, los cuales minimizaban la amenaza crítica sobre la biodiversidad local y la supervivencia de la loina. La insistencia del presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, en mantener esta ubicación a pesar del rechazo frontal a lo que internamente denominan el «Parque de Chana», ha derivado en la actual paralización judicial de un plan concebido originalmente para abanderar la economía circular conquense.
