La diputada regional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Pilar Martínez Peñarrubia ha denunciado que hay 1.500 jóvenes castellano manchegos que llevan esperando más de medio año a que el Gobierno de García-Page resuelva sus solicitudes de incorporación al campo y sus planes de mejora.
Martínez Peñarrubia ha explicado que todos estos jóvenes presentaron sus solicitudes en el mes de agosto de 2016 y, tal y como refleja la propia orden de convocatoria, las resoluciones de los expedientes se debían emitir por parte de la Consejería en un plazo máximo de seis meses. “Plazo que ya se ha cumplido sin resolver ni un solo expediente, lo que evidencia la gran parálisis del Gobierno de Page que lo único que está consiguiendo es frenar intencionadamente el relevo generacional del sector agrario de la región”.
Según ha asegurado la diputada del PP, “esta situación generará graves consecuencias a los jóvenes que no pueden hacer el alta efectiva en la Seguridad Social ni en Hacienda; ni tampoco pueden solicitar las ayudas directas de la PAC del 2017, con lo que se les causa un doble perjuicio a ellos y a los arrendadores de las parcelas que tendrán que seguir declarándolas en sus solicitudes”.
La popular también se ha hecho eco de la preocupación que hay entre los más de 1.500 jóvenes que temen que el silencio administrativo de la Junta, cumplido el plazo de resolución de seis meses, sea negativo, lo cual está generando una gran indefensión y confusión entre los jóvenes que no saben qué hacer.
“Malos comienzos con un recorte del 20 por ciento”
Martínez Peñarrubia ha indicado que estas ayudas ya tuvieron malos comienzos, recordando cómo el Gobierno de Page las recortó en un 20 por ciento. “Si con el Ejecutivo de Cospedal, la ayuda base para los jóvenes agricultores era de 34.000 euros, hoy en día, con el Gobierno de PSOE-Podemos, las nuevas bases reguladoras se fijaron en 27.000 euros, por lo que el joven que se incorpore perderá, de entrada, 7.000 euros”.
También ha denunciado que el Gobierno de Page haya situado la ayuda máxima de la incorporación en 48.000 euros, mientras que el reglamento europeo la fija en 70.000 euros con lo que se desaprovechan las buenas oportunidades que la reglamentación europea ofrece a los jóvenes agricultores, oportunidades que otras regiones sí están aprovechando.
