Es lógico que CEOE-Cepyme de Cuenca presione para que el Ayuntamiento apruebe el Convenio contra el tren, se privaticen los terrenos públicos y algunos constructores de la entidad se puedan dar el pelotazo. Desde 2007 tiene como objetivo desmantelar el ferrocarril, para especular con los céntricos terrenos públicos de ADIF. Por eso la CEOE presentó unos primorosos diseños para animar al Ministerio de Transportes y la Junta de Castilla-La Mancha (o viceversa) a clausurar la línea férrea.
No obstante, la presión de los empresarios no nos debe distraer del papel clave que en el negocio del ferrocarril Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis, viene desempeñando con discreción el vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Sus maniobras son fáciles de seguir partiendo de sus declaraciones y las Actas del pleno del Ayuntamiento del 3 de marzo del 2022.
Fue tarea del vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, convencer a los dirigentes del Ministerio de Transportes (los mismos que en 2025 han sido acusados por presuntos delitos de corrupción) de que no dialogaran con todos los ayuntamientos para tratar sobre el ferrocarril, sino que se limitaran a consultar solo con Cuenca capital donde hay un plan de ADIF para utilizar los terrenos que dejan las vías.
Cuando el Ministerio de Transportes excluyó a los dieciocho municipios de la provincia de Cuenca que querían la reparación de la línea férrea, el vicepresidente pasó a persuadir a los ediles de la agrupación electoral Cuenca nos Une, para que en el pleno del Ayuntamiento de Cuenca del 3 de marzo del 2022 votaran a favor del Protocolo General de Actuación para la clausura del ferrocarril. Consiguió convencerles en la famosa reunión celebrada en la primera planta de un céntrico hotel de la capital.
Después de obtener el compromiso de la agrupación electoral Cuenca nos Une, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha se dedicó a realizar declaraciones en los medios de comunicación justificando la oportunidad de proceder a la clausura de la línea férrea. En modo ingeniero, José Luis Martínez Guijarro justificó de forma irrebatible la oportunidad de proceder a la destrucción del tren. Según su valoración experta, la línea no servía para mercancía ni merecía la pena invertir “por las cuestas”. Añadió que, aun invirtiendo en la vía, “no va a mejorar ni a reducirse el tiempo de viaje entre Aranjuez y Utiel” por la «orografía y el gran desnivel” entre la meseta y el área de Valencia.
De lo que nunca habló el vicepresidente fue de los 400 millones de euros presupuestados por ADIF, que proyectaba invertir a partir del mes de abril del 2022, para reparar esa línea dañada por la tormenta Filomena. No debía tener interés en que la ciudadanía tuviera información de la cantidad presupuestada y mucho menos que conociera que había técnicos de ADIF que opinaban que se podía reparar. Según consta en las actas del pleno del Ayuntamiento, no convenía hablar de estos millones porque el Ministerio de Transporte exigía al Ayuntamiento de Cuenca que aprobara urgentemente el Protocolo General contra el tren ya que, si no lo hacía antes de abril, ADIF llevaría a cabo la inversión para la mejora y la línea seguiría funcionando.
A la vista de lo expuesto, sería asombroso que concejales del Ayuntamiento de Cuenca que no pertenezcan al PSOE aprueben el Convenio para arrancar las vías, que deriva del Protocolo de Isabel Pardo de Vera. Se trata de un Protocolo de dudosa legalidad, acordado con presuntos delincuentes del Ministerio, que ocultaba información y fue confeccionado para evitar la participación de una abrumadora mayoría de pueblos de la provincia interesados en mantener el tren.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
