Es difícil permanecer indiferente ante las imágenes de ancianos que, tras toda una vida de trabajo y sacrificio, se ven empujados fuera de sus hogares porque no pueden pagar un alquiler que sube sin razón ni medida. La noticia se repite en los telediarios: un hombre de setenta años obligado a dejar el piso en el que vivió durante cuatro décadas; una anciana que, tras enterrar a su marido, recibe una orden de desalojo porque la renta ha subido el doble. No hay épica ni romanticismo en estas historias: solo tristeza, miedo y una sensación de indefensión que retrata a la perfección la grieta moral y estructural de nuestra sociedad.
Porque no estamos hablando de impagos caprichosos ni de individuos irresponsables. Hablamos de personas que cumplieron su parte del pacto social: trabajaron, cotizaron, educaron a sus hijos, mantuvieron su vivienda con dignidad. Personas que imaginaron, con ingenua fe en el progreso, que la vejez les concedería al menos el derecho al sosiego. Sin embargo, se encuentran atrapados entre los engranajes de un mercado inmobiliario que ha convertido un bien esencial —el hogar— en un instrumento de especulación, y un sistema jurídico que protege con más celo las rentas del capital que la dignidad humana.
En los barrios viejos de las grandes ciudades, el fenómeno es especialmente visible. Promotoras e intermediarios compran edificios enteros, desalojan a los inquilinos mediante subidas de alquiler o rescisiones contractuales, reforman los pisos y los ponen en circulación a precios inalcanzables. El término “gentrificación” suena demasiado técnico para describir el dolor humano que implica. Lo que hay detrás es una lógica despiadada: convertir la necesidad en oportunidad de negocio, y el desarraigo en fuente de beneficio. Esos inversionistas, tan orgullosos de su “visión de mercado”, ignoran o fingen ignorar que al otro lado de cada puerta hay una biografía que se desmorona.
La imagen más desoladora es la de los mayores empujados a pisos compartidos, residencias precarias o incluso a la calle. En muchos casos, sus pensiones no superan los setecientos u ochocientos euros, mientras el alquiler medio en una ciudad como Madrid o Barcelona ronda los mil euros. La ecuación es sencilla y brutal: matemáticamente imposible. Y sin embargo, la maquinaria judicial sigue su curso, porque en el marco legal actual el impago pesa más que la compasión, y el derecho a la propiedad prevalece sobre el derecho a la vivienda.
No se trata de negar que la propiedad privada deba respetarse; sería una ingenuidad pensar lo contrario. Pero una sociedad que no dispone de mecanismos para impedir que sus mayores queden en la intemperie ha perdido el sentido de comunidad. El Estado social, ese ideal europeo construido tras la devastación de la guerra, se desdibuja ante nuestros ojos: la vivienda, la salud y la vejez dejan de ser derechos y se convierten en privilegios gestionados por el mercado. En esa transformación silenciosa se mide nuestra decadencia moral.
Ahora bien, la indignación ante los desahucios no puede ni debe confundirse con la justificación de la okupación indiscriminada. El otro extremo del problema —el de quienes ocupan viviendas ajenas por pura conveniencia— deslegitima la lucha justa por un acceso digno a la vivienda. Muchos okupas actúan al margen de toda norma, apoyados en la lentitud judicial y en un discurso ideológico que, bajo la bandera de la “resistencia popular”, acaba minando el mismo principio de convivencia que dicen defender. Entrar sin permiso en la casa de otro, alterar su seguridad o paralizar su uso legítimo no es un acto revolucionario, sino una forma de abuso que genera más crispación social.
El propietario legítimo, sobre todo cuando se trata de pequeñas familias o personas que ahorraron toda su vida para adquirir un piso, se encuentra atrapado en un laberinto legal casi insoluble. Puede tardar meses o años en recuperar su vivienda, mientras los ocupantes gozan de una protección desproporcionada, amparados por una maraña de procedimientos garantistas y lentos. En ese terreno pantanoso, la justicia se vuelve ciega en el peor de los sentidos: ni ampara eficazmente a los vulnerables ni disuade a los abusadores.
Así, el debate público se polariza: de un lado, quienes denuncian la inhumanidad de los desahucios; del otro, quienes claman contra la impunidad de los okupas. En el fondo, ambos bandos comparten una misma frustración: la de vivir en un sistema incapaz de equilibrar el derecho a la propiedad con el derecho a un hogar. Porque mientras se enfrentan en el plano ideológico, los verdaderos responsables —los grandes propietarios, los fondos especulativos, la falta de políticas públicas efectivas— continúan operando sin obstáculos.
Es urgente pensar soluciones que no se limiten a la indignación. La primera debería ser la implantación de un parque público de vivienda realmente social, que permita ofrecer alquileres adaptados a la capacidad económica de los mayores y de cualquier persona vulnerable. No puede ser que la administración dedique recursos millonarios a infraestructuras ostentosas y, al mismo tiempo, ignore la precariedad habitacional de miles de ciudadanos. La vivienda no debe ser un lujo sino un pilar básico del contrato social.
Del mismo modo, se impone una revisión del régimen de alquiler, evitando que los contratos a corto plazo y las subidas arbitrarias se conviertan en herramientas de expulsión. El mercado necesita regulación y transparencia: no se trata de demonizar al propietario, sino de impedir que su libertad se ejerza a costa del sufrimiento ajeno. En los países más avanzados, este equilibrio se logra mediante topes de alquiler, incentivos fiscales y protección legal al inquilino mayor. España, sin embargo, sigue atrapada en una contradicción histórica: trata la vivienda como mercancía, pero la vive como derecho.
En el otro extremo, también es urgente endurecer la respuesta ante la okupación ilegal. No puede ser que una familia deba esperar meses para recuperar su casa mientras los ocupantes se benefician de una burocracia absurda. La justicia debe actuar con mayor celeridad, diferenciando entre quien ocupa por desesperación y quien lo hace aprovechándose del vacío legal. El primer caso exige ayuda social; el segundo, sanción efectiva. Sin ese equilibrio, el sistema seguirá siendo injusto para todos.
Porque, al fin y al cabo, lo que está en juego no es solo el uso de una vivienda, sino la idea misma de comunidad. Una sociedad que abandona a sus mayores, permitiendo que el interés financiero los empuje a la calle, es una sociedad que ha perdido la noción de justicia. Pero una comunidad que tolera la ocupación arbitraria, rompiendo la seguridad básica del hogar, también erosiona su propio tejido moral. En ambos extremos hay abuso, y en ambos extremos la víctima es la convivencia.
Por eso, el problema no se resuelve con eslóganes ni con dogmas. Exige humanidad, lucidez y equilibrio. Humanidad, para no mirar hacia otro lado cuando un anciano teme perder su casa. Lucidez, para no confundir la legítima lucha por la vivienda con el vandalismo disfrazado de activismo. Y equilibrio, para construir un marco legal que defienda tanto la dignidad de la persona como la protección del bien privado.
Quizá sea hora de recordarlo: los mayores que hoy se enfrentan al desahucio levantaron el país que habitamos. Lo hicieron sin excesos, con esfuerzo y paciencia, creyendo que la estabilidad ganada a pulso les acompañaría hasta el final. Verlos ahora, expulsados de sus hogares por decisiones frías, es enfrentar la imagen más nítida de nuestra decadencia colectiva. Y si no somos capaces de protegerlos, tal vez deberíamos preguntarnos qué clase de sociedad aspiramos realmente a ser.
Firma invitada: Francisco R. Breijo-Márquez. Doctor en Medicina.
