La asamblea del Centro Social Octubre de Guadalajara ha denunciado la “irrupción por la fuerza” en su local de la calle Chorrón por parte de “miembros y dirigentes” del Partido Comunista de España (PCE). Según su versión, los hechos ocurrieron el viernes 9 de enero, cuando un grupo de unas diez personas habría roto cerraduras y accedido sin autorización, permaneciendo en el interior durante “al menos veinte minutos” con el objetivo de desalojar el centro.
El colectivo sostiene que la central de alarmas del inmueble avisó a la Policía, que acudió al lugar y obligó a los presuntos autores a abandonar el local y a restituir los daños en las puertas, además de levantar acta de lo ocurrido. En el interior, añaden, había equipos de música, dinero en efectivo, equipos de luz y ordenadores, entre otros elementos.
La asamblea afirma que, inicialmente, los militantes portaban documentación “con apariencia judicial” que habría generado confusión a los agentes, pero que tras las comprobaciones la Policía constató que “no tenía ningún valor”. Siempre según el comunicado del Centro Social Octubre, fue la propia intervención policial la que, al considerar ilegal la acción, les conminó a reponer las cerraduras.
Disputa por el origen y el futuro del inmueble
En las últimas horas, el Centro Social Octubre asegura que el PCE ha remitido un comunicado a varios medios en el que enmarca el inmueble como una “propiedad histórica del Partido”, algo que la asamblea rechaza. Según su relato, el centro se construyó tras la legalización del PCE con indemnizaciones recibidas por presos y represaliados antifascistas de la Guerra Civil, y defiende que su origen responde a “un acto de reparación y memoria”.
“El PCE, con esta acción, oculta la verdadera dimensión del conflicto que hay en torno a este Centro Social: la defensa de un patrimonio común y la defensa de la memoria histórica frente a su intento de liquidación y venta al mejor postor”, sostiene la asamblea en su nota.
Sobre la propuesta de “uso compartido” a la que alude el PCE como “gesto de buena fe”, el Centro Social Octubre replica que se trataría de una oferta unilateral y sometida a condiciones que consideran “inaceptables”. El colectivo defiende que el espacio funciona con un modelo de autogestión “abierto y comunitario” que, según su postura, sería incompatible con un control partidista.
“Acción sin violencia”, en cuestión
La asamblea también critica que se califique lo ocurrido como una acción “sin violencia”, al considerar que la rotura de cerraduras y la entrada forzosa constituyen “un acto de fuerza material”. En su comunicado, añaden que el hecho de que la Policía Nacional advirtiera de la ilegalidad del procedimiento confirmaría, siempre según su versión, que la actuación se situó “al margen” de la legalidad que atribuyen al PCE.
Polémica por una posible venta del local
En otro tramo del comunicado, el Centro Social Octubre afirma que “carece de credibilidad” la negación del PCE sobre una eventual intención de vender el local. La asamblea alude a una estrategia de enajenación de inmuebles para financiación y señala un intento en 2008 de hipotecar el centro para financiar una campaña electoral, asegurando que la oposición de la asamblea evitó esa operación.
Asimismo, el colectivo menciona que, a su juicio, esa estrategia se habría acelerado desde 2019 y pone como ejemplo la sede central de Madrid, cuya operación atribuye a una negociación con el Ayuntamiento. “No estamos defendiendo cuatro paredes, estamos defendiendo medio siglo de memoria, lucha y tejido social vivo”, concluye la asamblea.
El Centro Social Octubre asegura que seguirá trabajando para garantizar la continuidad del espacio “para las generaciones presentes y futuras” y pide “blindar este espacio para que nunca más pueda ser vendido o expropiado a la comunidad que lo ha hecho vivo”.
