El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso decisivo para proteger al sector primario de la región destinando cerca de 850.000 euros a la compra de 700.000 dosis de vacuna frente a la lengua azul. Esta medida, tramitada mediante una declaración de emergencia, busca frenar la expansión del virus y proteger a la cabaña ganadera, especialmente al ovino, ante la circulación de los serotipos tres y ocho.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha informado al Consejo de Gobierno de esta actuación, calificándola como la herramienta más eficaz para el control de la enfermedad. Según Martínez Lizán, la decisión se tomó tras constatar a principios de septiembre que la cobertura vacunal no era la adecuada para la evolución que presentaba el virus.
Una respuesta rápida ante la emergencia sanitaria
La Consejería optó por un contrato de emergencia para actuar «con rapidez y sin trámites innecesarios». Gracias a esta gestión, las 700.000 dosis adquiridas comenzaron a llegar a las provincias a partir de la semana del 20 de octubre, siendo distribuidas a las explotaciones a través de los servicios veterinarios.
Martínez Lizán ha recordado que Castilla-La Mancha aplica desde marzo un sistema de vigilancia basado en la vacunación voluntaria y sin restricciones de movimiento, un modelo de corresponsabilidad solicitado por el propio sector. Sin embargo, la virulencia del serotipo tres, el más extendido y causante de los cuadros clínicos más graves, obligó a la Administración a realizar este esfuerzo económico extra para facilitar las dosis a los ganaderos.
Evolución favorable y descenso de casos
La estrategia combinada de vacunación y la llegada del frío ha comenzado a dar resultados. El consejero ha destacado que la situación actual es «más favorable», observándose una disminución de la incidencia en los últimos días. De hecho, no se han notificado nuevos casos desde hace diez días, gracias también a la reducción de la actividad del mosquito transmisor y a la inmunidad generada en las zonas afectadas.
«Las medidas adoptadas están dando resultados, pero seguimos vigilantes, porque cuidar al sector ganadero es defender el medio rural y el tejido económico de esta tierra», ha subrayado el consejero.
8 millones para TRAGSATEC y ayudas a las ADSG
Más allá de la crisis de la lengua azul, el Gobierno regional sigue reforzando la estructura sanitaria a largo plazo. El Consejo de Gobierno ha autorizado recientemente una orden de encargo a la empresa pública TRAGSATEC por un importe cercano a los ocho millones de euros. Esta inversión garantizará la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades animales durante los años 2026 y 2027.
Asimismo, en este 2025 se han destinado más de dos millones de euros en ayudas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG). Estas agrupaciones son fundamentales para la coordinación entre el sector y la Administración, y las ayudas buscan compensar los costes de prevención y mejorar el nivel sanitario y el bienestar animal mediante medidas de manejo y bioseguridad.
También se ha aprobado un decreto de concesión directa de una subvención excepcional para las ADSG de pequeño tamaño, con el fin de paliar las dificultades económicas sufridas durante los años 2024 y 2025.
