El día 21 de febrero de 2017 será recordado como la fecha en la que se apuntaló la lucha contra la corrupción en este país, pero no la lucha contra la corrupción a la que veníamos estando acostumbrados con palabras altisonantes por la mañana y aforamientos o largas cadenas de indultos por la tarde, sino la lucha real efectiva, la de poner negro sobre blanco y establecer en sede parlamentaria los instrumentos para que esta preocupación social comience a tener sus días contados.
La corrupción ha generado un daño más allá de lo económico, la profunda sensación de rabia e impotencia de la ciudadanía, el descrédito más absoluto de la clase política, empresarial o sindical a todos los niveles, y el crecimiento del populismo como solución cortoplacista.
La propuesta que eleva Ciudadanos aborda la lucha contra la corrupción desde muchos ángulos. Por un lado, acierta ajustando el momento de exigencia de responsabilidades con el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral. Este momento era sin duda el único que tenía cabida porque ya se ha cerrado la instrucción, lo que significa que durante meses [necesaria la reforma de la justicia que permita acortar esos plazos] se han producido declaraciones contradictorias de todas las partes, y después de escuchadas, el juez instructor determina que hay indicios suficientes como para aperturar juicio oral, con los subsiguientes escritos de acusación y defensa. Así, ponernos en un momento anterior haría que se utilizara la denuncia como método preventivo, ya que denunciada una persona determinada, se abren diligencias y esta es citada a declarar como investigado, antes imputado. Se da pie entonces a la picaresca y así como a los juicios mediáticos, debemos evitar este tipo de comportamientos que envilecen a una sociedad en busca de titulares.
Además, tampoco debemos caer en la ingenuidad de situarnos en un momento posterior con Sentencia firme, y más a la vista de lo que se tarda en conseguirla; años y años de espera mientras el sujeto en cuestión ya adolece de esos indicios probados de mala praxis.
Por otro lado, la propuesta de C’s acierta también al implicar por fin a los partidos políticos y sindicatos como responsables subsidiarios de las acciones de sus miembros, máxime cuando hemos asistido a la creación de auténticos movimientos de criminalidad organizada en el seno de estas Instituciones; o tipificando como delito el enriquecimiento ilícito; o con la eliminación de plazos máximos de investigación y sobre todo acabando de una vez por todas con esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial que es la figura del indulto, que nos ha sonrojado con su aplicación indiscriminada.
Sin duda es un día histórico y un hecho que nos enorgullece a todos. Es la hora de los valientes.
