La diputada nacional del Partido Popular por Cuenca, Bea Jiménez, ha reclamado al Gobierno un compromiso real y urgente para combatir el acoso escolar, advirtiendo de que la falta de coordinación y de recursos está teniendo consecuencias dramáticas para muchos menores.
Durante su intervención en comisión, Jiménez recordó que el Congreso ya aprobó, a iniciativa del Grupo Popular, una moción en marzo de 2023 y una proposición no de ley en junio de 2024 para la elaboración de un plan nacional contra el acoso escolar, con la participación de expertos y asociaciones especializadas. Sin embargo, denunció que estas iniciativas siguen sin cumplirse.
La diputada nacional subrayó que el acoso escolar no es un problema aislado y que en demasiadas ocasiones acaba en tragedia. En este sentido, señaló que la Fiscalía General del Estado ha alertado del déficit existente tanto en la prevención como en la intervención, con más de 1.200 casos registrados durante el año 2024.
Jiménez alertó además del preocupante incremento de los casos de acoso y ciberacoso. Según los datos expuestos, el 12,3% del alumnado afirma haber sufrido o presenciado situaciones de acoso escolar o ciberacoso, frente al 9,4% del curso anterior, lo que supone un aumento de más de tres puntos porcentuales en solo un año.
Especial preocupación mostró por el auge del ciberacoso, que según el informe de la Fundación ANAR ya representa el 14,2% de los casos y que, en un número creciente de situaciones, implica el uso de herramientas de inteligencia artificial. Por ello, insistió en que la futura ley de protección del menor en el entorno digital debe traducirse en medidas concretas de prevención y control, y no quedarse en una mera declaración de intenciones.
Entre las medidas que el Partido Popular propone incluir en un plan nacional figuran la actualización de los protocolos de actuación, la formación específica del profesorado, el refuerzo de orientadores en los centros educativos, más recursos para las familias y campañas de sensibilización.
Jiménez criticó que el Gobierno se escude en las competencias autonómicas para no actuar y advirtió de que mirar hacia otro lado no hace desaparecer el problema. Recordó tragedias recientes, como el suicidio de una alumna de 14 años en Sevilla o los casos registrados en Sallent, Tarragona y La Rioja, como ejemplos de que no se está haciendo lo suficiente.
Por todo ello, la Parlamentaria popular instó al Ejecutivo a elaborar un protocolo estatal contra el acoso escolar que garantice una actuación homogénea en todo el país, así como a cumplir la proposición no de ley aprobada en junio de 2024 sobre prevención, detección y actuación frente al acoso escolar y la moción de marzo de 2023 relativa a la salud mental y la conducta suicida en el ámbito educativo.
“El acoso escolar mata y no podemos seguir mirando hacia otro lado”, afirmó Jiménez, quien concluyó señalando que la lucha contra esta lacra no es una cuestión ideológica, sino de responsabilidad y de protección de la vida y el bienestar de los menores.
