Para Susana Martínez y Susana Tundidor, concejala y secretaria del partido, el inicio de este expediente evidencia que las denuncias que AIKE ha realizado desde hace meses eran ciertas. “Ni mentíamos, ni exagerábamos, como ha repetido Roberto Narro en múltiples ocasiones. Desde el inicio del contrato con ALVALOP se suceden los incumplimientos, sin que Ana Guarinos ni su equipo hayan hecho nada, se han dedicado a negar la evidencia, disimular y llamar a AIKE alarmistas”, explica Martínez ante los medios.
Desde el grupo municipal ya advirtieron en enero que la adjudicación de un recurso de estas características a una empresa que carecía de experiencia en el sector, investigada por corrupción y que acumulaba múltiples denunciadas precisaba seguimiento y control para garantizar el buen funcionamiento del servicio. Es inexplicable que durante todos estos meses se haya informado favorablemente y se hayan pagado las facturas a la empresa, a pesar de las evidencias del mal funcionamiento y las graves carencias con las que estaban siendo atendidas las mujeres y los menores. Irregularidades e incumplimientos sobradamente detallados e los reiterados informes que las trabajadoras han remitido al Ayuntamiento durante todo este tiempo, las actas de la Comisión Mixta de Seguimiento y las quejas de algunas usuarias, donde se describe como han tenido que racionar la comida por no disponer de dinero para hacer la comprar y poder comprar alimentos básicos o falta de productos de higiene, limpieza o material escolar para los menores. No se han cubierto las bajas, lo que ha supuesto que el Centro haya estado sin coordinadora o sin psicóloga durante meses, a lo que hay que sumar los retrasos continuos en el pago de las nóminas a las trabajadoras y en el pago de las ayudas de autonomía para las usuarias. Tundidor ha recordado que en este Centro “viven once familias, mujeres y menores en situación de máxima vulnerabilidad que han sufrido situaciones violentas por parte de sus parejas y sus padres”.
“Es un recurso de urgencia, esencial para que las mujeres puedan huir de los agresores. Si el recurso no funciona, no hay escapatoria para estas mujeres. Más allá de actos institucionales y discursos aparentes el 25N, las administraciones tienen la obligación de ofrecer recursos donde las mujeres y los menores se sientan protegidas, atendidas y cuidadas”, recuerda Martínez. “Durante meses, el Ayuntamiento ha negado la realidad, incluso se han dedicado a recoger y lucir premios que poco merecían. Pedimos explicaciones, responsabilidad y trabajo al concejal de Igualdad, Roberto Narro, para garantizar el buen funcionamiento del recurso”, concluye la edil municipalista.
