El Juzgado de Motilla del Palancar dicta la exoneración total de los pagos a un matrimonio de pensionistas que llegó a acumular obligaciones con 29 acreedores diferentes tras verse asfixiados por los microcréditos.
Una sentencia pionera en la provincia ha dado un respiro definitivo a una familia de Motilla del Palancar. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad conquense ha dictado, con fecha del 12 de noviembre de 2025, el perdón judicial de una deuda superior a los 60.000 euros que asfixiaba a un matrimonio de pensionistas.

Este fallo, amparado en la Ley de Segunda Oportunidad, supone un precedente de esperanza para muchos mayores en la región que, pese a tener una vida laboral estable, se han visto atrapados en una espiral de endeudamiento durante su jubilación.
La trampa de los microcréditos y el coste de la vida
El caso ilustra una realidad cada vez más frecuente en Castilla-La Mancha: el sobreendeudamiento no por capricho, sino por supervivencia. Según relata la sentencia, el matrimonio mantenía una economía saneada hasta que la inflación y los imprevistos familiares desequilibraron su balanza.
«Primero fue para ayudar a un hijo, luego para pagar la luz, luego para comprar medicación… y cuando te das cuenta, ya no puedes salir», explican los afectados.
La pareja ingresaba mensualmente 2.465 euros en pensiones, una cifra que podría parecer suficiente sobre el papel. Sin embargo, sus gastos fijos superaban los 1.596 euros debido a la acumulación de préstamos. Tras pagar las cuotas, apenas les restaban 800 euros para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene y farmacia. Esta situación les obligó a elegir muchos meses «entre llenar la nevera o pagar una cuota».
Para intentar frenar el golpe, el matrimonio llegó a entregar su vivienda habitual en dación en pago y vendió una finca, pero los intereses de demora y las tarjetas revolving de entidades como Cofidis, Wizink o Eurocaja Rural siguieron engrosando la deuda hasta hacerla impagable.
Un salvavidas legal para la tercera edad
Ante el acoso de los acreedores y el inicio de procedimientos judiciales de embargo, la pareja acudió a la Asociación Ayuda al Endeudamiento. El equipo jurídico, liderado por el letrado José Domínguez, planteó el concurso de acreedores demostrando dos claves: la insolvencia era real y los deudores habían actuado siempre de buena fe.
El tribunal ha concedido finalmente el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que en la práctica significa la cancelación legal de todas las deudas pendientes, incluidas las contraídas con la Agencia Tributaria.
El abogado José Domínguez destaca la relevancia social de este fallo: «Este caso es representativo de lo que viven muchas familias de la tercera edad. No se endeudan por vicio, sino para sostener su vida en un entorno donde los ingresos se estancan. La ley devuelve el equilibrio a quienes ya no pueden avanzar».
Ahora, viviendo de alquiler y liberados de las llamadas de cobro, los protagonistas aseguran haber recuperado algo más valioso que el dinero: «Podemos dormir otra vez. No es solo cuestión de dinero, es cuestión de dignidad».

