El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cuenca, con un valor estimado de 17,8 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
En concreto, los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 204,824 km de carreteras del sector nº02 de la provincia, que incluye las siguientes carreteras:
– N-420, a lo largo de 107 km entre Mota del Cuervo (km 324) y Cuenca capital (432).
– N-420A, a lo largo de 6 km entre los km 382 y 388 a su paso por la localidad de Olivares de Júcar.
– N-301, a lo largo de 59 km entre Mota del Cuervo (km 134) y la localidad albaceteña de Minaya (km 193).
– N-310, a lo largo de 29 km entre el límite provincial con Albacete cerca de la localidad de San Clemente (km 145) y Sisante (km 174).
– Ramal de la N-310 con la A-43, cerca de 3 km en San Clemente.
Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial de firme en la carretera N-310 entre el km 145 y el 152,444, en el término municipal de San Clemente, mediante extendido de microaglomerado en frío y sellado de fisuras.
Reducir emisiones
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.
De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
