El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el Decreto que establece la nueva estructura orgánica y fija las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Según ha adelantado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, la principal novedad es la incorporación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral a la Consejería, un órgano técnico integrado por el propio Ejecutivo autonómico, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).
La consejera ha adelantado, en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno, que este organismo se pondrá en marcha “de inmediato”, con una presentación oficial a cargo del presidente Emiliano García-Page, que tendrá lugar el próximo lunes junto a los agentes sociales, con quienes se reunió nada más comenzar su agenda política este mes de septiembre.
El objetivo de dotar a Castilla-La Mancha de una “estructura sólida y con los recursos necesarios para impulsar políticas eficaces de prevención de riesgos laborales en el marco del diálogo social”, lo que permitirá cumplir un compromiso de esta legislatura.“Nace con esa vocación: ser un espacio de encuentro y consenso para reducir la siniestralidad y garantizar que el empleo en Castilla-La Mancha sea un lugar digno y seguro”, ha sentenciado la portavoz.
Se trata de apostar por un “enfoque integral, transversal y adaptado a los desafíos actuales del mercado de trabajo”, tal y como ha apuntado la portavoz. Para ello, ha precisado que se trabajará desde la sensibilización hasta la elaboración del plan de acciones que se desarrollará en el Instituto. También se abordarán decisiones en materia de medidas y presupuesto e impulsar campañas de prevención en seguridad y salud laboral.
Responsabilidad colectiva
Durante su comparecencia, Padilla ha incidido especialmente en la responsabilidad compartida a la hora de hacer frente a la siniestralidad laboral, un reto “que nos interpela como sociedad y exige la máxima implicación de todos. Cada vida perdida en el trabajo es una tragedia que no podemos normalizar ni conformarnos con reducir”.
En este sentido, ha recordado que bajo la presidencia de Emiliano García-Page se ha intensificado el esfuerzo en prevención de riesgos laborales con más presupuesto, nuevas líneas y programas, mayor vigilancia e inspección, campañas específicas y una estrecha colaboración con patronal y sindicatos. Todo ello se enmarca en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026, dotado con 40 millones de euros, lo que supone un 50 por ciento más que el plan anterior.
Los datos reflejan avances en la región. Así, a cierre de 2024, el índice de incidencia se situaba un 13,6 por ciento por debajo de 2015, y un 4,3 por ciento inferior al de 2023. En el primer semestre de este año, está en un 8,3 por ciento por debajo del mismo periodo del año anterior; mientras que los accidentes laborales, en su conjunto, se encuentran un 6,3 por ciento por debajo en el primer semestre; si bien la portavoz ha insistido en que “no son datos para conformarnos, sino para saber que nos queda trabajo por hacer”.
A este respecto, ha enfatizado que, desde la Administración se ponen en marcha políticas y programas de prevención para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo, pero que “estos esfuerzos solo resultarán eficaces si cuentan con la implicación de todos los agentes del mercado laboral”. En este sentido, ha indicado las empresas tienen una responsabilidad fundamental a la hora de aplicar las medidas de prevención y de garantizar “entornos laborales seguros y saludables”. Del mismo modo, las trabajadoras y los trabajadores deben cumplir con las normas de seguridad establecidas, tal y como ha subrayado.
“Si bien este paso demuestra que se puede y se debe avanzar hacia un modelo de trabajo más seguro, digno y saludable, no lo conseguiremos si no ponemos todos y todas de nuestra parte”, ha sentenciado Padilla.
Cumplimiento de las IGP
En otro orden de asuntos, la portavoz ha informado de que el Decreto también actualiza la organización de la Consejería para dar cumplimiento al Reglamento europeo sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. “Con ello, Castilla-La Mancha se sitúa en la vanguardia en la defensa y promoción de productos que forman parte de nuestra identidad cultural y que constituyen un valor añadido para la competitividad de nuestras empresas”, ha señalado la consejera.
