El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) coinciden en calificar el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2017 como creíble, ajustado en gastos e ingresos y equilibrado al hacer compatible objetivos de carácter social con medidas para incentivar el crecimiento económico.
Así lo han puesto de manifiesto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, tras la reunión que hoy han mantenido para informar a los empresarios de las cuentas regionales para este año.
Ruiz Molina ha resaltado que los presupuestos para 2017 tienen como objetivos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, consolidando los recursos destinados a gasto social; generar riqueza, destinando un paquete importante de medidas a potenciar la actividad empresarial, y esto hacerlo compatible con mantener unas cuentas públicas saneadas.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado el significativo crecimiento este año de las inversiones, hasta un 21% con respecto a 2016, que irá destinado a financiar infraestructuras de carácter social y que, además, tendrá un efecto multiplicador en la economía regional.
“El presupuesto de 2017 contempla por primera vez en muchos años una cifra de ahorro neto positivo y ese ahorro podemos destinarlo a inversiones sin recurrir al endeudamiento”, ha enfatizado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
En la reunión entre ambas partes, Ruiz Molina ha informado a los representantes de los empresarios en Castilla-La Mancha de los incentivos más importantes destinados al fomento de la actividad empresarial que se contienen en el proyecto de Ley de Presupuestos. Entre estos paquetes ha mencionado el mantenimiento de los planes de empleo, con 90 millones; el Plan Adelante, que entre lo presupuestario y lo extrapresupuestario puede ascender a los 60 millones de euros; las ayudas a la industria agroalimentaria, a las que se destinan más de 143 millones, con un incremento del 15% respecto al año pasado, y las partidas de I+D, dotadas con 107 millones y un crecimiento del 5,6% respecto a 2016.
Tras explicar estas cifras, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que, por lo tanto, con las cuentas regionales para este año se compatibilizan objetivos de carácter social con otros que generan crecimiento económico al entender que “no es posible generar riqueza si no es de la mano de los empresarios” y la riqueza que se genera a través del presupuesto se redistribuye entre los que más lo necesitan a través de las políticas sociales.
Estos presupuestos, según ha resaltado Ruiz Molina, se desarrollarán en un contexto económico en el que los principales gabinetes de estudio económico coinciden en que la economía regional crecerá por encima de la economía nacional.
Además, están encaminados a seguir avanzando en el fomento del empleo como se ha hecho hasta ahora, lo que ha permitido que desde el inicio de la legislatura la tasa de paro se haya reducido un 5%, se hayan creado más de 4.000 empresas y haya 16.000 hogares menos con todos sus miembros en paro.
Igualmente, Ruiz Molina ha puesto en valor que las empresas castellano-manchegas son más competitivas en el mercado exterior, lo que permite que las exportaciones crezcan por encima de la media nacional, y que la Administración regional abona las facturas a los proveedores en casi la mitad de tiempo que lo hace el resto de comunidades autónomas.
También, ha continuado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas en este sentido, se ha conseguido reducir el déficit público prácticamente a la mitad en un año.
Por su parte, el presidente de Cecam ha calificado los presupuestos para este año como creíbles y ajustados y se ha mostrado confiado en que el Gobierno regional cumpla el objetivo de déficit de 2016 y de 2017. Además, ha dicho que el resultado de los presupuestos es positivo desde el punto de vista de los empresarios y ha puesto en valor que, con los mismos, el Gobierno regional haya puesto un punto de equilibrio al conseguir introducir las partidas destinadas al Plan de Garantías Ciudadanas con otras destinadas al crecimiento económico.
