Ayer, 16 de julio, finalizó el plazo de presentación de alegaciones dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada del proyecto promovido por la empresa AVIAGEN S.A.U. para implantar cinco macrogranjas avícolas industriales en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), incluyendo dos granjas en Maranchón, una en la pedanía de Clares y dos en la de Turmiel.
Durante este periodo de información pública se ha registrado un auténtico aluvión de alegaciones, con más de 300 escritos presentados ante la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible, solicitando una resolución ambiental desfavorable al conjunto del proyecto. Las alegaciones, impulsadas principalmente por la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa, han sido suscritas masivamente por vecinos —especialmente de Turmiel—, así como de Maranchón, Clares y otros municipios de la comarca, además de asociaciones y organizaciones ecologistas preocupadas por el grave impacto ambiental y social que estas instalaciones podrían provocar.
Uno de los ejes centrales de estas alegaciones es la denuncia del fraude de ley en la tramitación ambiental. Aunque AVIAGEN ha presentado las cinco granjas como proyectos independientes, todas comparten promotor, cronograma, tecnología, logística y localización coordinada. Esta fragmentación artificial impide valorar adecuadamente los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto, contraviniendo la legislación ambiental vigente. Esta irregularidad ha sido también señalada en el informe técnico emitido por la Diputación de Guadalajara, incorporado al expediente como parte del procedimiento de evaluación ambiental, que insiste en que la valoración debe hacerse de forma conjunta y global.
Además, las alegaciones destacan otras carencias graves del expediente, entre ellas:
• La ubicación en espacios naturales protegidos, incluidos en la Red Natura 2000 y en zonas ZEPA/ZEC de alto valor ecológico y paisajístico, sin haber realizado un estudio de localizaciones alternativas fuera de este espacio protegido.
• La falta de garantías en el suministro hídrico, al no constar autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la captación de aguas subterráneas.
• Los riesgos para la salud pública y el bienestar animal, derivados de emisiones contaminantes, acumulación de purines y residuos, y posibles resistencias antimicrobianas.
• Y el dudoso impacto socioeconómico positivo, al tratarse de un modelo altamente automatizado, con mínima creación de empleo y sin capacidad real para fijar población. Un modelo que, lejos de dinamizar el entorno, amenaza alternativas sostenibles como el ecoturismo, el astroturismo o la agricultura ecológica.
Frente a este panorama, la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa hace un llamamiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que escuche a la ciudadanía, actúe con responsabilidad y emita una resolución ambiental desfavorable. La comarca necesita políticas valientes que apuesten por un modelo de desarrollo sostenible, no más amenazas al agua, al paisaje y a la salud del medio rural.
