El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su disposición a colaborar en la redistribución de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA) que se encuentran en situación de emergencia, especialmente en la comunidad de Canarias o en las ciudades autónomas, pero ha vuelto a reiterar que dicha colaboración debe, de un lado, garantizar una financiación suficiente del Gobierno central y, por el otro, respetar el modelo propio de protección de menores implantado en la región.
Así lo ha señalado hoy la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha manifestado que “acoger sin recursos es vulnerar los derechos de los menores” y ha insistido en que “no se puede comprometer un sistema que funciona, que es referente y que apuesta por una atención personalizada y digna” como es el de Castilla-La Mancha.
La titular de Bienestar Social ha recordado que el sistema regional de protección de menores se basa en hogares de entre ocho y diez plazas como máximo, “un modelo alejado de las grandes residencias que Europa nos recomienda abandonar y que garantiza un entorno más humano, estable y cercano para los menores”.
Actualmente, la red de acogida de la región se encuentra ya al 98 por ciento de ocupación, con más de 550 menores tutelados, de los cuales más de 170 son migrantes no acompañados.
La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, debatida en la Comisión Sectorial celebrada ayer en Madrid, contempla el reparto de cerca de 4.000 menores entre las comunidades autónomas, con una previsión para Castilla-La Mancha de acoger a 320 menores. “Con esta cifra y sin recursos habilitados, es imposible llevar a cabo esa acogida sin desbordar el sistema”, ha alertado García Torijano.
Denuncia un recorte de casi un 80 por ciento en la financiación
La consejera ha sido clara al denunciar que la financiación ofrecida por el Estado es “insuficiente y recortada”, puesto que, ha abundado, recortaría hasta en casi un 80 por ciento la financiación que establecían las contingencias anteriores, una cantidad que cubriría sólo tres meses en la atención y acogida de esos menores.
Así, García Torijano ha señalado que “hasta ahora los planes de contingencia venían cubriendo un año de la acogida de estos menores”, un plazo que al menos otorgaría cierta flexibilidad para que el sistema de protección de las comunidades autónomas se pueda adaptar.
Desde Castilla-La Mancha se trasladó en la Comisión de Infancia celebrada ayer entre el Gobierno central y las comunidades autónomas recuperar los criterios de valoración previos, que permitían adaptarse con tiempo a la acogida y respetar los modelos autonómicos. “Entendemos que esta es una situación de emergencia y precisamente por eso se necesita inversión”, ha afirmado García Torijano.
“Un niño siempre merece una oportunidad”
Preguntada por la postura de otros partidos políticos, la consejera ha rechazado de forma tajante los discursos de odio y xenofobia. “Frente a quienes siembran miedo y malestar, nosotros respondemos con humanidad. Un niño siempre merece una oportunidad, y esa oportunidad sólo puede ofrecerse con responsabilidad, recursos y garantías”, ha recalcado.
García Torijano ha concluido que Castilla-La Mancha esperará al resultado de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, prevista para los próximos días, para conocer cómo se concretará el reparto y qué recursos se pondrán a disposición. “No queremos romper nuestro modelo. Queremos colaborar, pero con responsabilidad. Y eso significa hacer las cosas bien, con planificación, con financiación y con humanidad”.
