La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que los borradores del Plan de Gestión de las zonas ZEPA no cuentan con el apoyo social, pues es un plan “dañino para nuestros pueblos”.
En su intervención en el Pleno de las Cortes celebrado hoy, Merino ha indicado que el citado plan es “restrictivo, limitante y expropiatorio”. Además, ha subrayado que no tenemos garantías de que con él se protejan los espacios naturales y la fauna existente. Esta situación ha puesto a las organizaciones agrarias, a las cooperativas y a los profesionales del campo en contra del consejero de Agricultura que, recientemente, ha sido el protagonista de un suceso por el que se ha interesado Lola Merino.
La diputada regional ha recordado que, el pasado 4 de enero, 200 agricultores de varias provincias de Castilla-La Mancha -muchos de ellos miembros de las juntas rectoras de cooperativas, únicas empresas que hay en algunos municipios afectados por las zonas ZEPA de Castilla-La Mancha, que Page se propone expropiar- se dirigieron a la Consejería de Agricultura, junto a alcaldes y concejales de distintos partidos políticos.
Estos representantes del sector se dirigieron a la que, en opinión de Merino, “debía ser su casa, la Consejería de Agricultura, a presentar las alegaciones al futuro plan de gestión de estas zonas con la mínima esperanza de ser correctamente tratados y si fuera posible, recibidos por algún responsable de la Administración”.
Sin embargo, se encontraron con que nadie les recibió y, además, se toparon con un cordón policial intimidatorio, “propio de otras situaciones”. Está convencida Lola Merino de que este incidente “solo demuestra la infundada concepción que tienen en el Gobierno de Page de los profesionales del sector agrario”.
Merino ha recordado al consejero que los agricultores y ganaderos “no son delincuentes, son personas pacíficas que se ganan la vida lícitamente en sus explotaciones”. Ha subrayado que, como ciudadanos, ejercen su derecho a presentar alegaciones en un registro público y a manifestarse si así lo consideran oportuno, ya que son derechos reconocidos por nuestra Constitución.
Por ello, le ha preguntado al consejero si dio la orden de llamar al Cuerpo de Policía Nacional para identificarlos y si está siguiendo el modus operandi del que fuera presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que también quiere tener a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a su servicio.
