La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca expresa su más enérgico rechazo ante las recientes revelaciones difundidas por medios nacionales sobre el Plan X Cuenca. Estas informaciones explican el papel activo y decisivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en idear y ejecutar dicho plan, cuyo propósito final era eliminar del servicio público ferroviario entre Aranjuez, Cuenca y Utiel.
Conforme con estas informaciones, el presidente regional, Emiliano García-Page, solicitó el 30 de diciembre de 2019 una reunión con la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, a través de su jefe de Gabinete. En el correo enviado a ADIF se proponía celebrar el encuentro en el Palacio de Fuensalida, con la participación del vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, y los alcaldes de Talavera de la Reina y Cuenca. En relación con esta última ciudad, se reconocía que “los problemas eran más complejos” debido al interés del Ayuntamiento en construir un aparcamiento en terrenos de titularidad de ADIF.
La reunión se celebró finalmente en mayo de 2020, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, sin la presencia del ministro de Transportes ni del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Según revelaciones posteriores, Saura fue apartado del cargo por no alinearse con los intereses de quienes impulsaban adjudicaciones bajo sospecha.
Cabe destacar que el estudio que sirvió de base para justificar el cierre de la línea fue encargado a la consultora INECO, participada por ADIF y en esos momentos presidida por la hoy investigada Isabel Pardo de Vera. Este informe, que nunca fue compartido con los municipios afectados, ni con colectivos ciudadanos ni con los trabajadores del ferrocarril, circuló exclusivamente entre las cúpulas del PSOE y la patronal conquense. Ambos grupos accedieron a información privilegiada que, desgranaron ante la opinión pública por medios afines, en la que vinculaban el cierre del servicio ferroviario con la revalorización de terrenos públicos en beneficio de intereses privados.
Desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril consideran que estas revelaciones confirman lo que llevamos años denunciando: el Plan X Cuenca no fue fruto de un análisis técnico ni de un proceso participativo, sino una operación urbanística orquestada desde las altas esferas del poder regional y estatal, con participación de la patronal local.
La Plataforma exige transparencia, responsabilidades políticas y la inmediata reapertura de la línea ferroviaria Aranjuez–Cuenca–Utiel como eje vertebrador de la España Vaciada.
