La gestión eficiente de los servicios públicos es uno de los problemas más importantes de los gobiernos. Es un asunto clave que afecta a los presupuestos, a los impuestos y a los empleados públicos de la Administración, garantes de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española (vida, libertad, salud, educación, cultura, medio ambiente…).
El Gobierno de Castilla-La Mancha preocupado por lograr los resultados deseados con el mínimo de recursos posibles (eficiencia), ha proyectado una ley para la simplificación y agilización de los procedimientos competencia de la Administración regional, con el propósito de garantizar “la eficiencia y la eficacia en el uso de los medios personales, económicos y materiales de los que dispone la Junta de Comunidades”.
¿Qué intríngulis hay detrás del proyecto? Lo desvela el dictamen desfavorable (negativo) del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Según el órgano asesor la regulación que hace el texto de las entidades colaboradoras de la administración adolece de una “gran indefinición de las funciones que podrán ejercer estas entidades privadas, que por su amplitud podrían usurpar funciones que competen exclusivamente a los empleados públicos”.
Llama la atención que el proyecto de ley haya conseguido el rechazo unánime de los sindicatos. El sindicato CCOO alega que la fórmula de las empresas colaboradoras «debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía». El sindicato UGT sostiene que la ley implica la creación de «dos administraciones paralelas: una para pobres y otra para ricos que puedan pagar las tasas a las entidades colaboradoras». En fin, el sindicato independiente de funcionarios (CSIF) pide su paralización apoyando el dictamen del Consejo Consultivo de la región.
A la vista de lo expuesto ¿tiene algún sentido seguir adelante con el proyecto de simplificación? En mi opinión se trata de una ley innecesaria, ya que el Gobierno castellanomanchego desde hace tiempo agiliza iniciativas poniéndoles la alfombra roja. Basta con declararlas de “interés regional” para “abrir las compuertas” dando facilidades y ayudas financieras (Page). La Junta de Castilla-La Mancha ha extendido la alfombra roja a empresas del sector energético (Centro de Datos Meta, de Talavera de la Reina), cárnico (Incarlopsa), de vertidos (Villanueva de los Escuderos) y turístico (Toroverde), alegando que son “claves y estratégicas para Castilla-La Mancha”. Ir más allá de la alfombra roja y delegar en empresas colaboradoras privadas las competencias que corresponden a la administración pública, además de un tremendo error podría ser inconstitucional.
A modo de conclusión, la cuestión que hay que plantear es ¿cómo garantizar que los servicios públicos operen con una eficiencia razonable y produzcan los resultados que los gobiernos programan y los contribuyentes esperan? En nuestro Estado Social y Democrático de Derecho la respuesta no puede ser desmantelar la escuálida y debilitada Administración pública de Castilla-La Mancha mediante imprecisas leyes de eficiencia, sino contar con una dotación adecuada de empleados públicos, capacitados y con incentivos, que garanticen una atención de calidad y, desde luego, es indispensable dinamizar fórmulas de participación ciudadana para evaluar la calidad de la gestión.
La cacareada colaboración público-privada no debería servir de pretexto para destruir servicios públicos esenciales que garantizan la vida, la libertad, la seguridad, la salud, la educación, el transporte y algunos más. Los servicios públicos siempre serán sólo eso, servicios. Hay que procurar su eficiencia ofreciendo una formación técnica relevante, cultura de compromiso cívico y estímulos para desempeñar bien las tareas de servidores públicos, y no privatizar la Administración pública mediante empresas colaboradoras que no persiguen la calidad en la atención, ni la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino que prestan su colaboración exclusivamente por afán de lucro.
