La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Roldán, ha insistido hoy en que el Plan de Gestión de las zonas ZEPA del Gobierno de García-Page “no se corresponde con la realidad medioambiental y económica de nuestros pueblos”, afirmando que podría abocar a una expropiación encubierta de los terrenos afectados y a la inviabilidad de la actividad económica en 80 pueblos de nuestra región.
La diputada del PP ha recordado que el borrador elaborado por el Gobierno socialista va en contra de los intereses de cientos de agricultores castellano manchegos, de sus explotaciones y de los cerca de 80 municipios de la región donde se encuentran las plantaciones, lamentando que estos van a ser los mayores perjudicados por “un plan abusivo que está sujeto por unas medidas prohibicionistas y muy estrictas”.
Según ha señalado Roldán, “este Plan de Gestión de las zonas ZEPA, que nace sin consenso ni diálogo con los propios afectados, dilapidará la
economía de más de 80 municipios de la región al hacer inviables las explotaciones agrarias, las prácticas cinegéticas, las actividades forestales, así como las inversiones urbanísticas, turísticas o en infraestructuras”.
A juicio de la parlamentaria, “el Gobierno de Page nos está intentando meter a cucharón un Plan tremendamente abusivo, sin futuro y que encima aboca a la ruina a 80 municipios de Castilla-La Mancha”.
“Nadie puede entender cuál es la intención del Gobierno de Page con este Plan de las zonas ZEPA ni cuáles son los criterios objetivos y justos que han empleado, a no ser que haya un trasfondo oscuro que desconozcamos y unos intereses ocultos, como podría ser en el caso de la ampliación de la zona ZEPA de la Laguna del Hito en Cuenca, que no tiene ningún estudio científico ni técnico, sino más bien la única finalidad de paralizar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas”, explicaba.
Por todo ello, Roldán ha pedido de nuevo al Gobierno de García-Page que “no apruebe el último borrador hasta que haya un consenso con todos los afectados y un proceso de negociación con absoluta trasparencia y participación de todos los sectores implicados”.
