La futura Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha regulará un nuevo modelo de participación en el que el ciudadano interviene desde fuera de la Administración sin necesidad de integrarse en ningún órgano administrativo y, por tanto, más allá de consejos, comisiones o comités de carácter sectorial que responden más a modelos de participación orgánica.
El Consejo de Gobierno, en su reunión de esta semana, ha tomado en conocimiento el Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, con la que no sólo se busca incentivar la participación en los temas propuestos por los poderes públicos, sino que también permite la apertura de procesos participativos a instancias de los ciudadanos.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha avanzado hoy en rueda de prensa detalles de la futura Ley, ha subrayado que será un modelo de gestión “más democrático, participativo, abierto y de diálogo permanente con la sociedad”. El objetivo es, tras la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, “completar el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública con el derecho de participación en las decisiones importantes que afecten a su futuro”.
El vicepresidente, que ha estado acompañado por el director de la Oficina de Transparencia, Enrique Tenorio, ha informado que “esta forma de participación hoy es posible debido al avance de nuevas las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hacen viable una relación directa y sin intermediarios entre los ciudadanos y la Administración”, ha añadido.
El anteproyecto de Ley define como procedimientos e instrumentos de participación ciudadana el conjunto de mecanismos o actuaciones ordenadas y secuenciadas en el tiempo que posibiliten la intervención de la ciudadanía en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas del Gobierno regional.
Los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana podrán ser instados por los propios ciudadanos, a título individual o colectivo, o a instancias de los poderes públicos mediante la apertura de espacios para aportaciones ciudadanas, con deliberación participativa, consultas ciudadanas o mediante la evaluación de políticas públicas.
Portal de Participación Ciudadana
El vicepresidente regional ha detallado que para hacer efectivos estos procedimientos e instrumentos se habilitará un Portal de Participación Ciudadana en el que se promoverá la participación en las políticas públicas a través de diferentes canales de comunicación, facilitando información sobre los instrumentos de participación ciudadana e impulsando espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, así como la formación de foros de debate.
Anualmente deberá elaborarse y aprobarse un Programa Anual de Participación Ciudadana en el que se anticipan las materias, los procedimientos e instrumentos de participación previstos para cada año, así como un Registro de Participación Ciudadana en el que se podrán inscribir de forma voluntaria y gratuita todas las personas y entidades interesadas en recibir información sobre la puesta en marcha de estos mecanismos de participación.
Una novedad en esta norma con respecto a otras ya existentes es la regulación de la Participación Institucional, entendida esta como la representación, intervención y colaboración de las organizaciones y asociaciones sindicales y empresariales más representativas, en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
Observatorio Ciudadano de Castilla-La Mancha
Destaca también la creación del Observatorio Ciudadano de Castilla-La Mancha, configurado como un órgano independiente de interlocución con la sociedad, adscrito a las Cortes regionales e integrado por representantes de la sociedad civil castellano-manchega, profesionales y expertos del ámbito de la Universidad, y que tendrá funciones de consulta y asesoramiento para la participación; así como de impulso, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la región.
Finalmente, el texto también regula la puesta en marcha de medidas de fomento de programas de formación en materia de participación ciudadana, donde se recoge específicamente la posibilidad de admitir como beneficiarios de éstas a los entes que integran la Administración regional y medidas de fomento de la participación ciudadana y de participación institucional.
