El Gobierno regional ha hecho posible que 5.100 personas hayan comenzado el proceso de acreditación de sus competencias sociosanitarias en atención a dependientes en domicilios e instituciones de la región, gracias al programa ‘Acredita’, emprendido por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, una iniciativa a la que se han destinado más de 800.000 euros.
Como explica el director general de Trabajo, Eduardo del Valle, “de las 5.100 personas que participan en el procedimiento de obtención de su acreditación profesional, ya han sido asesoradas 3.594, de las cuales ya están en fase de evaluación 2.230”. Además, ha adelantado que “las personas que restan por asesorar comenzarán esa fase este mes de enero y se espera que acaben con la evaluación a finales de marzo”.
Del Valle señala que, con este procedimiento, se pretende que las personas que participan consigan el correspondiente certificado de profesionalidad y así cumplir los requisitos de cualificación exigidos a 31 de diciembre de 2017 para aquellas personas que realicen las funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia y los auxiliares de ayuda a domicilio, así como los cuidadores y gerocultores que presten sus servicios en centros o instituciones sociales.
Para aquellos participantes que no consigan acreditar todas las competencias profesionales del certificado de profesionalidad, se programará formación de las unidades de competencia no acreditadas, todo ello con la finalidad de que todas tengan el certificado de profesionalidad.
El titular de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral ha subrayado que “hemos conseguido de este modo desbloquear el proceso de acreditación de competencias profesionales de personas con cualificación sociosanitaria que ya habían pagado sus tasas en 2014, aunque no pudieron conseguir el título necesario para ejercer su profesión debido a la falta de consignación presupuestaria del anterior Ejecutivo para ello ni en 2014 ni en 2015”.
Como resalta Del Valle, “esta situación dejó en el limbo a muchas personas que habían pagado sus tasas con el objetivo de lograr una acreditación que necesitaban para mantener sus puestos de trabajo o para acceder a ellos, pero no llegaron ni a comenzar el proceso”.
