El administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) ha reunido en Madrid a representantes de la región para que prescindan de la medida cautelar y los dos recursos pendientes ante el Tribunal Supremo y empiecen los trabajos para «coser la brecha urbanística» que tiene la ciudad por el tren. Quieren empezar a cumplir el objetivo que planteó en mayo del 2008 quien fuera presidente de la CEOE-Cepyme en Cuenca, Abrahán Sarrión. Sostenía el conspicuo empresario que había que hacer desaparecer el servicio público de ferrocarril del centro de la ciudad. En su opinión, la vía del tren la partía en dos y era un obstáculo para el sector de la construcción inmobiliaria que es donde estaba el futuro de la capital.
El objetivo empresarial de acabar con la brecha que divide la ciudad fue consagrado por las autoridades de estatales, regionales y locales, en la reunión celebrada en mayo del 2020. En esa fecha acordaron clausurar el tren para promover el desarrollo urbanístico y empresarial en los terrenos de ADIF de la capital conquense. Un acuerdo que contó con el refrendo por videoconferencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la presidenta de la entidad pública empresarial ADIF, Isabel Pardo de Vera.
El papel de la empresa pública ADIF ha sido clave en este acuerdo político por Cuenca sin participación ciudadana, para promover que los empresarios de la construcción se den el pelotazo a costa de los terrenos públicos. ADIF degradó la línea 03-310 Aranjuez-Cuenca-Valencia con la complicidad del gobierno regional, para que los ciudadanos pierdan interés por viajar en el ferrocarril y luchar por su recuperación.
¿Por qué la ciudadanía de la provincia de Cuenca no siente que sus intereses son lesionados y denuncian el despojo de los bienes públicos para el enriquecimiento privado? ¿por qué las gentes de los pueblos no se sienten agraviadas, no cuestionan la supresión del ferrocarril, ni pelean contra la clausura del tren aunque durante los últimos años los viajes estén siendo gratis?
Para explicar lo que “no sucede” hay que analizar la actuación coordinada de los partidos (PSOE y PP) y las organizaciones empresariales que dominan en la región. Gracias a su control de las instituciones y los medios de comunicación gozan de una elevada reputación de poder y se permiten excluir a otros grupos y sus intereses de la vida política. Este complejo político y empresarial actúa de manera concertada para impedir que reivindicaciones potencialmente amenazadoras se vuelvan peligrosas. Mediante enmarañadas y sutiles maneras impiden que las personas se sientan agraviadas, se movilicen y participen en la vida política.
Ahora bien, la falta de movilizaciones y protestas no equivale a que la ciudadanía de Cuenca esté de acuerdo con la destrucción de la línea y el despojo de los terrenos públicos, sino que es un síntoma revelador de cuánto poder tiene el grupo político y empresarial que domina la provincia y que mediante su trabajo concertado de manipulación política puede conseguir que unos empresarios insaciables se den el pelotazo. Para denunciar los abusos de poder, las actuaciones al margen de las leyes urbanísticas y el incumplimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se recogerán firmas en el plante que se celebrará el martes 21 de enero, a las 18.00 horas junto a la iglesia de San Esteban.
Por Fernando Casas Mínguez
