UGT Servicios Públicos, tras el análisis de los pliegos que regulan la futura adjudicación del Transporte Sanitario Terrestre de Castilla-La Mancha, ha presentado recurso especial en materia de contratación contra el proceso de licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El sindicato ha adoptado esta medida porque su dotación económica hace imposible la mejora de las condiciones laborales de los más de 2.500 trabajadores y trabajadoras del sector y porque, incluso, generará problemas en el servicio y en la calidad asistencial.
Como ya viene advirtiendo UGT a lo largo de este tiempo, el nuevo contrato de adjudicación del servicio está infradotado económicamente ya que, mientras que el presupuesto actual asciende a 106.628.380 millones de euros anuales, en el nuevo pliego se contemplan 108.100.000 euros. “Este incremento de un millón y medio de euros no servirá para hacer frente a las mejoras de las condiciones laborales de estos profesionales, cuyo convenio colectivo está caducado desde el 1 de febrero de 2023. Tampoco servirá para sufragar las inversiones en nuevas ambulancias y nuevos equipamientos”.
El responsable de Sanidad de UGT en la región, Fernando Peiró, rechaza frontalmente que se paralicen las mejoras laborales y que estas queden congeladas para los próximos cinco años.
Recuerda que el último convenio firmado, el de 2016, lo único que hizo fue recuperar los derechos perdidos desde 2011 a raíz de la crisis. Por lo tanto, “estos trabajadores llevan 13 años sin tener ningún tipo de subida salarial y sin ningún tipo de mejora en sus condiciones, tan solo se ha recuperado lo perdido. Es algo inaudito en nuestro mercado laboral y que no ocurre con el resto de colectivos, ni del sector público ni del sector privado. Ya toca que tengan mejoras reales”.
“El proceso de negociación del nuevo convenio colectivo lleva en marcha desde hace casi dos años y la administración es conocedora de la situación, de la que ha hecho caso omiso”.
Fernando Peiró pide que no ocurra lo que sucedió con el pliego anterior, con el publicado en 2016. “En aquel momento se anunció una subida del presupuesto; sin embargo, después se adjudicó por una cantidad bastante inferior al coste real del servicio debido a las bajadas y mejoras -no contabilizadas- realizadas por las empresas adjudicatarias. Fueron las movilizaciones de los profesionales del sector las que consiguieron que finalmente se destinaran mayores cuantías para el servicio”. En este sentido, UGT no descarta volver a tomar las medidas que sean precisas si se vuelve a repetir la situación.
