El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido que Ley de Integridad de Castilla-La Mancha refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración regional, toda vez que, tras las de Transparencia y Participación en las dos legislaturas anteriores, “supone cerrar la estructura jurídica en materia de integridad pública de la Comunidad Autónoma”.
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes, que ha aprobado hoy la norma con el consenso de los dos principales grupos parlamentarios, ha defendido que con esta nueva ley “nuestra Comunidad Autónoma se sitúa, al menos, al nivel de las más exigentes en la materia”.
Ahondando en el articulado de la nueva norma, desarrollada a través de 26 artículos, se establece nuevas obligaciones a los altos cargos como la obligación de presentar una Declaración Responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública, que se sumará a las declaraciones de Actividades, Bienes y Rentas que ya se están realizando.
Incluye además la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral que servirá para comprobar que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.
Por otro lado, en lo relativo de los conflictos de intereses, los altos cargos tendrán que abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, por estar involucrados en las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión.
En su alocución, Martínez Guijarro se ha referido al papel clave que da esta Ley a la Oficina de Integridad –que depende de la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional– y que se encargará de llevar a cabo una labor de control y de vigilancia para que se cumpla con lo establecido en esta ley y a la que se le asigna la gestión del Sistema Interno de Información, “protegiendo a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.
La nueva norma incorpora un sistema de prestación similar al regulado en la Administración General del Estado y en otras comunidades autónomas para compensar las limitaciones que en materia de incompatibilidades para aquellos que ejercen la política en la región. Una prestación que se extiende a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha, lo cual viene a suplir la inexistencia del derecho a prestación por desempleo de los mismos al finalizar su mandato.
Martínez Guijarro rechaza los “bulos” de Vox
En este punto, ha denunciado los “bulos” propagados por el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha cifrado en 20 millones de euros el coste de esta medida. “No se de dónde se han sacado esa cifra, porque es mentira y quiero dejarlo claro”, ha insistido en su alocución el vicepresidente primero.
De hecho, de los altos cargos del Gobierno regional más de la mitad son funcionarios, por lo que tienen reservado su puesto de trabajo y no tendrán derecho a una prestación pensada para quienes “cuando cesen en sus funciones y, por cualquier circunstancia ajena a su voluntad, no puedan reingresar en su puesto de trabajo”.
Finalmente, ha pedido coherencia “en la vida y en la política” a Vox, pues vota en contra de la Ley de Integridad con la excusa de la prestación por cese de actividad y, sin embargo, cobran por dedicación exclusiva en las Cortes, cuando no es obligatorio solicitarla; y perciben igualmente la subvención por los gastos electorales que tantas veces han criticado.
