El Consejo de Gobierno ha dado hoy su conformidad a la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha durante la sesión extraordinaria celebrada en el Palacio de Fuensalida, donde se ha aprobado “la no oposición” al procedimiento, tal y como dictaminan el Reglamento de las Cortes regionales y el Estatuto vigentes.
Así lo ha trasladado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que ha destacado que la nueva Proposición de Ley para el cambio de Estatuto registrada el lunes por el Grupo Socialista en la Cortes autonómicas, y que inicia su tramitación parlamentaria el jueves 18 de julio, dará lugar a un Estatuto que dotará de marco legislativo a las próximas dos generaciones de la Comunidad Autónoma.
Un texto que, en palabras del vicepresidente primero, incorpora cuestiones importantes, como la garantía de derechos sociales, la inclusión de la figura del Decreto-Ley o la prestación de servicios públicos, y que establece la arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma.
Además, el futuro Estatuto hace una “actualización de las competencias de Castilla-La Mancha y, en materia de financiación, establece los criterios que conmiseramos necesarios para garantizar el coste efectivo de los servicios públicos”, ha desarrollado.
En concreto, Martinez Guijarro ha destacado que el Estatuto se blinda desde el punto de vista de posteriores modificaciones, “porque se exigirá mayoría cualificada en las Cortes”, algo que lo convierte en un texto “para los nuevos tiempos, que va a suponer mayor capacidad de autogobierno para la Comunidad Autónoma”. Todo ello ha supuesto que el Consejo de Gobierno haya manifestado este jueves su “sentir favorable a la tramitación”.
Un acuerdo político global
Por otro lado, el vicepresidente primero ha avanzado que el consenso alcanzado entre los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular para la tramitación del futuro Estatuto de Autonomía forma parte de un “acuerdo político global” que incluye el cambio en el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha y la aprobación de la Ley de Integridad.
En cuanto a los plazos para su tramitación, está previsto que el pleno de las Cortes regional del día 18 de julio incluya la toma en consideración de la Proposición de Ley del nuevo Estatuto. Será a partir de entonces cuando comience la tramitación parlamentaria que finalizará una vez sea aprobado por el Congreso de los Diputados.
El hecho de que este texto parta con el visto bueno de los dos grupos parlamentarios principales de la región, PSOE y PP, que son también los que tienen una mayor representación en las Cortes Generales, supone que “puede ser perfectamente aprobado en el Congreso de los Diputados”, tal y como ha considerado el vicepresidente primero.
