El Ejecutivo de Castilla-La Mancha tiene previsto convocar un Consejo de Gobierno extraordinario, que se celebrará este jueves, 11 de julio, para mostrar “la no oposición a la tramitación de la proposición de Ley” de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha registrada ayer por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, toda vez que la Mesa de las Cortes tome en consideración el texto mañana.
Así lo ha avanzado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que ha explicado que la convocatoria del Consejo de Gobierno extraordinario es ad hoc, tal y como marca el actual Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes vigente.
La previsión que se maneja es que entre en consideración en el Pleno de la Cortes que está previsto para el jueves, 18 de julio, e iniciar con ello la tramitación parlamentaria.
En este sentido, Martínez Guijarro ha explicado que “si todo va bien, a finales de septiembre o principios de octubre se puede aprobar definitivamente el texto en las Cortes de Castilla-La Mancha” y, por lo tanto, remitirlo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Un “gran acuerdo” al que seguir sumando apoyos
Durante su intervención, el vicepresidente ha trasladado la satisfacción del Gobierno de García-Page por el “gran acuerdo” alcanzado entre el Grupo Parlamentario Socialista, con mayoría absoluta en las Cortes regionales, y el Grupo Parlamentario Popular que se ha materializado en la presentación del nuevo Estatuto y que es “un magnífico ejemplo del clima político que existe en esta Comunidad Autónoma”.
Ahora, el objetivo es sumar el apoyo del resto de grupos con representación en el Congreso de los Diputados a un texto que se ha diseñado para garantizar los derechos de la ciudadanía de Castilla-La Mancha y para impulsar la prestación y garantía de los servicios públicos.
En concreto, ha dicho, el texto defiende los intereses de financiación de la Comunidad Autónoma, incluyendo la necesidad de que esa financiación tenga en cuenta la realidad demográfica y geográfica del territorio y, por tanto, que garantice el coste efectivo de los servicios públicos. Una reivindicación, ha apostillado, que no perjudica a nadie, por lo que “puede ser perfectamente asumido por el conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso”.
