El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha solicitado por escrito el acceso a la documentación referente al contrato menor de asistencia jurídica realizado en virtud del Decreto 2785 relativo a la contratación de los servicios de asesoramiento jurídico correspondiente a los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales a instancias del Jefe de Policía Local y su segundo, y que ya dieron lugar al levantamiento de las medidas cautelares establecidas por el propio Consistorio entre las que se encontraban la suspensión temporal de empleo y sueldo.
Según ha indicado el portavoz del Grupo Popular, Álvaro Barambio, “tanto este Decreto advertido ya en el pasado pleno por nuestra formación política, como la contratación que conlleva ofrecían dudas razonables para pedir información, pero como hemos obtenido la callada por respuesta hemos optado por solicitar por escrito esta información, esperando que esta vez sí que se nos contesté sobre los motivos de externalizar este caso en concreto”.
Y es que Barambio ha subrayado que no es lo habitual la contratación de este tipo de servicios para procedimientos judiciales sobre derechos fundamentales, señalando como prueba el que afecta directamente al Grupo Popular en relación con la negativa a convocar un pleno extraordinario para abordar la Ley de Amnistía, la cual fue declarada nula de pleno derecho por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, siendo apelada nuevamente por el propio Ayuntamiento y estando en estos momentos en tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.
“Pues bien, en este caso, y en otros de la misma problemática, ha sido la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento la que se ha personado como representante del Consistorio, por lo que no entendemos ni nos podemos explicar los motivos que han llevado al alcalde a externalizar este servicio en concreto. Desconocemos que informes (si los hubiera), documentos o criterios han llevado al Darío Dolz a realizar esta contratación y creemos que nosotros, pero sobre todo los conquenses, merecemos una explicación”, declaraba el portavoz del PP.
Igualmente, para el Grupo Popular conocer el coste del citado servicio “es un reto más propio de un concurso televisivo que de un documento público”, porque según se detalla en el citado Decreto el coste es menor a 2.500 euros, es decir, “puede ser 2.499 euros o de 1 euro”.
Barambio ha indicado que otro de los aspectos que debería aclarar Dolz es qué hará en el caso de obtener un pronunciamiento contrario a los intereses del Equipo de Gobierno socialista, si el coste será sufragado por todos los conquenses o por el contratante, en concreto el alcalde. “Aunque también podemos pensar que Dolz ha querido mancomunar la decisión y su posible coste con su Junta de Gobierno Local, a la que informó obteniendo el asentimiento total como respuesta”, aseveraba.
Por último, la tercera duda que muestra el Grupo Popular es la relativa a los motivos técnicos que le hicieron beneficiario de ese contrato al este despacho profesional especializado en materia empresarial y concursal, “que tiene unos resultados excelentes, según conoce el Grupo Popular, pero no llegamos a comprender por qué han recurrido a un despacho de fuera de la capital. ¿Es que acaso creen que dentro de los numerosos letrados colegiados en nuestra ciudad no hay ninguno con capacidad técnica suficiente para poder llevar a cabo tal labor?”, se preguntaba Barambio al asegurar que “lo más lógico hubiera sido solicitar al Colegio de Abogados su mediación o insaculación en caso de considerar necesaria e imprescindible la externalización del servicio. Por eso creemos que Dolz debería dar una explicación sobre ello para que nadie pudiera llegar a pensar que exista algún tipo de relación subjetiva de cercanía política o connivencia, lo cual no beneficiaría para nada el desarrollo del Procedimiento”.
Con todo lo anterior, desde el PP esperan que las explicaciones sean rápidas y aclaratorias, porque “con actuaciones como está lo único que esté generado el Equipo de Gobierno de Dolz es oscurantismo en un procedimiento que ya de por si nació viciado”, y piden al Equipo de Gobierno que se abstenga de realizar ninguna gestión política más sobre este asunto, dejando trabajar a los funcionarios que sobre ello se encuentran en todos los niveles, incluyendo el aspecto judicial, “cualquier otra cosa lo único que consigue es seguir generando dudas y más dudas”.
