El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado traslado del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de las subvenciones del Estado relacionadas con el Covid-19 convocadas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, relativas al ejercicio 2020. En el documento, esta región encabeza, junto a Ceuta, la ejecución de las ayudas concedidas por el Estado para la recuperación tras la pandemia.
Tal y como recoge el documento, del que ha dado traslado la presidenta de este órgano en el Congreso de los Diputados, Castilla-La Mancha ha concedido más del 85 por ciento de la cuantía.
Entre otras referencias dirigidas a la concesión, justificación y pago de las ayudas, también se destaca que la media del plazo para el pago, una vez aprobada la convocatoria, es inferior a 30 días en todos los territorios, reduciéndose a solo cuatro en el caso de Castilla-La Mancha.
Sobre las ayudas al pago de alquiler de la vivienda habitual, el importe ejecutado respecto de las cuantías convocadas fue inferior al 50 por ciento excepto en la convocatoria de Castilla-La Mancha.
En otro punto, el informe señala que, en materia de control de este dinero público, el Tribunal de Cuentas valora las buenas prácticas de controles anuales de comprobación de la ejecución de los proyectos subvencionados en Castilla-La Mancha, además de otras comunidades como Cantabria o Extremadura. Sin embargo, estos mecanismos no se han contemplado en el resto de los territorios.
En referencia al control interno de las subvenciones, también solo en Castilla-La Mancha, junto a Extremadura, se declararon específicamente ampliables todos los créditos necesarios para atender los gastos derivados de la adopción de actos o medidas para paliar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
