El diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, ha preguntado hoy al gobierno de Page en el Pleno de las Cortes acerca de la lista de espera que se acumula en Guadalajara para las valoraciones de discapacidad que se extiende hasta los dos años, cuando el plazo máximo estipulado es de seis meses. Redondo ha explicado que la ‘Valoración de la Discapacidad’ es el proceso por el que se reconoce, califica y declara el grado de discapacidad de una persona que presenta una deficiencia física, psíquica o sensorial, de carácter permanente.
Según la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Guadalajara existen dos equipos de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad ubicados en el Centro Base de la Avenida de Castilla, “algo que sorprende mucho dada la lista de espera que hay en el mismo, según reconocen los propios trabajadores del centro”, ha dicho hoy el diputado regional.
Por ello, Nacho Redondo ha preguntado hoy sobre esto poniendo como ejemplo dos casos concretos. El primer de ellos, ha contado en la sesión plenaria, es el de un niño de año y medio con una cardiopatía congénita, concretamente Tetralogía de Fallop, diagnosticada en la ecografía realizada en la semana 20 de gestación. Se da el caso, además, que el niño fue operado en marzo de 2023 y en la asociación Menudos Corazones reconocen por su experiencia que esta circunstancia es susceptible de valoración de minusvalía. De hecho, en diciembre de 2022 le calificaron en Bienestar Social como un grado 2 de minusvalía y ahora tiene una calificación de grado 1, quien según la norma se le podría asignar un grado inicial aproximado de deficiencia total del 33%. Nacho Redondo asegura que, desde que nació en septiembre de 2022, no le han dado cita en el Centro Base para su valoración, y la necesidad es obvia porque derivado de esto, al no haber sido valorado, “no ha recibido atención temprana, la madre como cuidadora del menor tuvo que solicitar excedencia en el trabajo y el padre tuvo que optar por una reducción de jornada”. Tampoco ha recibido “ningún tipo de prestación como ayuda ni beneficios derivados de la valoración”.
Por otro lado, Redondo también ha apuntado el caso de una mujer de 48 años diagnosticada en mayo de 2023 con Fibromialgia grado agudo, a lo que la asistente social le dijo en junio del mismo año que le correspondería un 49% del grado de discapacidad; pero hasta hoy no se han puesto en contacto con ella con todo lo que también conlleva como en el anterior caso.
Redondo defiende una aplicación efectiva de la Ley de Dependencia
El diputado regional recuerda que “hace quince días el Gobierno se mostraba muy contento por ser la región que mejor aplica la Ley de Dependencia” y ha afeado que “la aplicación de esta ley no solo está en destinar 3.400 euros por habitante al gasto social, como dicen, sino que hay que hacerlo de forma eficiente”. En esta línea, con estos casos que ha llevado hoy a las Cortes a modo de ejemplo, “queda patente la ineficiencia del sistema, ya que la lista para la valoración, al menos en el Centro Base de Guadalajara, va por septiembre de 2022, tal y como reconocen en el mismo Centro Base”.
“No es de recibo”, ha continuado, “que con dos equipos multidisciplinares para reconocimiento y valoración, tengan tanto retraso con unas circunstancias tan preocupantes y desesperantes para las personas que están inmersas en estos procesos”, por lo que les ha pedido, implorado y suplicado en nombre estas familias que ha puesto como ejemplo, pero también del resto de afectados por situaciones análogas, que “de forma urgente se pongan a resolver todas las situaciones de discapacidad y resuelvan de una vez por todas esta situación”.
Por último, redondo ha aludido al artículo 9 del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, publicado e BOE 252, de 20 de octubre de 2022, en el que se expone que la Administración competente deberá dictar resolución expresa, a la vista del dictamen propuesta, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud, algo que no se da en ninguno de los casos.
