El pasado 14 de Marzo, la sala 6 del Tribunal de Justicia Europeo emitió una sentencia condenatoria contra España porque varias comunidades autónomas no cumplen sus obligaciones relacionadas con la protección de las aguas por nitratos, Castilla-La Mancha entre ellas.
Además, el reciente informe de Ecologistas en Acción sobre la contaminación del agua por nitratos, basado en los datos oficiales tanto del Ministerio para la Transición Ecológica como del Ministerio de Sanidad, muestra una situación generalizada de altos niveles de nitratos en aguas superficiales, subterráneas e incluso de consumo. Los datos del Ministerio de Sanidad-SINAC (Sistema información nacional de aguas de consumo) reflejan que en los últimos años más de 50 municipios de Castilla-La Mancha han superado el nivel permitido de nitratos (50 mg/litro) en su agua de grifo.
Los colectivos Ecologistas en Acción, Greenpeace, Pueblos Vivos Cuenca y Stop Ganadería Industrial se muestran muy preocupados, tras la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo y ante la finalización de la moratoria porcina vigente en Castilla-La Mancha que vence el 31 de diciembre del año en curso. A raíz de estos acontecimientos y por lo que consideran “escasa preocupación de la administración por tomar medidas adecuadas” han solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según estos colectivos la moratoria no sirvió para alcanzar ninguno de los fines para los que en teoría se dictaba. Así citan:
1.- “no se estableció el diálogo social con las organizaciones ciudadanas y sólo se entabló dicho diálogo con las patronales y organizaciones profesionales agrarias como Asaja, a pesar de que expresamente este compromiso fue enunciado por el presidente de la Junta de Comunidades”
2.- “Las excepciones que contenía el texto legal eran tantas y de tal calibre que en la práctica es como si no hubiera existido, los 11 proyectos que han continuado sólo en la provincia de Cuenca lo demuestran”
3.- “El último informe de seguimiento de la Directiva de Nitratos, que el Gobierno español envió en diciembre de 2020 a la Comisión Europea, concluyó que, en el período de 2016-2019 (último período analizado -este año se tiene que presentar el informe para el período siguiente 2020-2023-), la contaminación media de nitratos en aguas subterráneas en Castilla-La Mancha se incrementó un *36,2%*.
Según estos colectivos, todas las declaraciones que se hacen desde diversas instancias de la administración apuntan a continuar la política de fomento de la ganadería industrial sin abrir ninguna posibilidad a una nueva moratoria y en ningún momento se han concretado medidas específicas que realmente atajen el problema de las aguas de nuestra comunidad más allá de parcheos como la Tubería Manchega. Temen también que una de las soluciones que se vayan a impulsar pasen por el fomento de la instalación de macroplantas de biogás que supongan un castigo adicional a los municipios con alta concentración de porcino.
Apuntan a lo que consideran un caos y una total incoherencia por parte de la Consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez, en sus recientes declaraciones de 5 de Marzo:
“El Gobierno regional también va a cambiar la normativa para que ningún proyecto empresarial se someta a evaluación ambiental sin el visto bueno previo del ayuntamiento afectado”… “Habrá un decreto de regulación de estiércoles más restrictivo”… “rebajando incluso de 2.000 a 1.000 el número de cabezas para someterse a una evaluación ambiental integrada, la más completa” (Cuando a día de hoy la propia Junta tiene en su página la cifra ampliada a 2.500 cabezas)… “Ahora es todavía un borrador que estamos negociando con la organizaciones agrarias, la industria agroalimentaria y los ayuntamientos, porque queremos que sea consensuado con todo el sector”.
Es un hecho, afirman, que la Consejería de Desarrollo Sostenible no considera interlocutores válidos a las organizaciones que precisamente están velando porque el desarrollo sea sostenible.
Por todos estos motivos, estas organizaciones exigen que se establezcan cauces válidos de interlocución y por ello solicitan una reunión con el vicepresidente de la Junta como primer paso. Y piden que deje de aplicarse la política de hechos consumados en la cual se enteran de las nuevas medidas cuando han sido aprobadas y enviadas a los medios, o peor aun cuando se entrecruzan de manera caótica declaraciones de diversos responsables de la Junta de Comunidades.
