La Confederación de Empresarios de Cuenca denuncia, como hicieron CEOE y CEPYME, que no se ha hecho un esfuerzo para que las organizaciones empresariales formaran parte del acuerdo.
CEOE CEPYME Cuenca lamenta que el Gobierno de España haya tomado la decisión de subir el Salario Mínimo Interprofesional sin contar con el consenso de las empresas.
La Confederación de Empresarios de Cuenca destaca que CEOE y CEPYME han denunciado que no se ha hecho un esfuerzo para que las organizaciones empresariales entraran en este acuerdo.
De hecho, recuerda que fueron las primeras en poner sobre la mesa una propuesta para hacer crecer el SMI entre un 3% y un 4%, en línea con lo acordado con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
Así, la Confederación de Empresarios de Cuenca apoya a las organizaciones nacionales en su reclamación de que poder hacer compatible esa subida salarial con la supervivencia de las empresas y luego de los puestos de trabajo en ámbitos como en la contratación pública y el sector agrario.
De hecho, las organizaciones nacionales estiman que estas subidas pueden hacer incurrir en pérdidas y poner en peligro a empresas de determinados sectores en territorios como el nuestro, con especial incidencia en las pymes y autónomos.
Sector público
Como dato extraído de las organizaciones nacionales, se ha incrementado el coste derivado del SMI para empresas contratistas del sector público en un 50%, pero no se ha revisado el precio de los contratos.
Con esas decisiones, la Confederación de Empresarios de Cuenca señala que las empresas están viéndose atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios de los que no pueden salir hasta que no se cumpla su vigencia, lastrando sus beneficios o haciéndoles trabajar a pérdidas.
Por este motivo, es importante que los contratos públicos comiencen a revisarse en relación con los costes para evitar, como está ocurriendo, que muchos empiecen a quedar desiertos ante la incertidumbre generada y el incremento de los costes.
CEOE y CEPYME recuerdan que los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social mostraron la conformidad con la indexación de los contratos públicos, pero no ha sido atendida esta petición.
