Reivindicar el derecho a viajar en tren, en vísperas del día de la Constitución, es el propósito de estas líneas. La Constitución establece el derecho de la ciudadanía a “elegir libremente su residencia y a circular por el territorio” (artículo 19). Un derecho que también está recogido en la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea (artículo 45 ).
El derecho a la movilidad de forma fácil, segura y actualmente gratuita es imprescindible, para disfrutar de una digna calidad de vida. Por un lado, permite acceder a servicios públicos esenciales (como educación, sanidad y servicios sociales). Por el otro, hace posible ir diariamente al lugar de trabajo o a buscar empleo, disfrutar de ocio, visitar parientes, adquirir bienes y servicios o ejercer la libertad de viajar lejos.
Durante el Año Europeo del Ferrocarril 2021 se afirmó que los sistemas de transporte público ferroviario son el futuro y constituyen la respuesta más segura, inteligente y sostenible para las necesidades básicas de movilidad. De ahí el compromiso de los fondos Europeos y de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) por las inversiones en ferrocarril, para fomentar la “comunicación de todas las regiones de la Unión”, incluyendo a las zonas escasamente pobladas.
Sin embargo, el Comité de las regiones de la Unión Europea reveló que más del 90 por cien de los fondos de la Red Transeuropea se invierten en la densa red de grandes ciudades europeas, excluyendo las zonas con “desventajas geográficas y demográficas”.
Es indispensable una política ferroviaria que favorezca la fijación de población, dé oportunidades a las mujeres y a la juventud, ofrezca alternativas de futuro y no desiertos de población europea, como se manifestó al debatir la distribución de los fondos de desarrollo regional y de cohesión hasta 2027. Por lo tanto, es preciso corregir la actual distribución de los fondos que perjudica a la ciudadanía de las zonas despobladas.
El Tribunal de Cuentas Europeo, el Parlamento Europeo y el Comité de las regiones, recomiendan que las inversiones europeas se dirijan a mejorar las comunicaciones de las redes de transporte ferroviario en las regiones excluidas. De acuerdo con esta atinada sugerencia, la ciudadanía que se planta los martes a las seis de la tarde en la plaza de España de Cuenca, anima a la Alianza Ibérica por el ferrocarril, la Plataforma en defensa del ferrocarril público, Pueblos con el tren y los municipios por donde discurre la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, a que influyan en el nuevo Ministerio de transportes y de movilidad, para que adopte la decisión de modernizar la línea, restableciendo el derecho fundamental de la ciudadanía a circular, que fue vulnerado con el cierre del tren.
Por Fernando Casas Mínguez.
